Ayuntamiento de Alcorcón
El Ayuntamiento socialista de Alcorcón «adjudicó a dedo» la seguridad de las fiestas a una empresa «prohibida»
Un informe jurídico interno califica la actuación como «nula de pleno derecho» y advierte de una gestión «temeraria» del dinero público
El Ayuntamiento socialista de Alcorcón está en el punto de mira por la gestión de la contratación pública municipal tras conocerse la existencia de una contratación verbal para la seguridad privada de las Fiestas Patronales 2025, realizada a favor de una empresa que había sido previamente excluida del procedimiento por no cumplir los requisitos legales.
Según la documentación interna recogida en el informe sobre la contratación de seguridad de las fiestas, el propio Ayuntamiento reconoció la necesidad de reforzar el dispositivo de vigilancia debido a la carencia de medios propios de Policía Municipal, lo que motivó el impulso de una licitación desde la Concejalía de Cultura para cubrir la seguridad del Recinto Ferial y del Auditorio Paco de Lucía.
La cronología del expediente detalla que el proceso comenzó con una primera licitación que quedó desierta. Posteriormente, se inició un segundo procedimiento en el que únicamente se presentó una empresa: NCS Seguridad S.L.
Sin embargo, la Mesa de Contratación detectó que la empresa presentaba certificados negativos de Hacienda y de la Seguridad Social con fecha 26 de agosto de 2025, por lo que no se encontraba en situación legal para contratar con la Administración.
Tras no subsanar la documentación requerida, el Ayuntamiento declaró oficialmente desierto el procedimiento mediante resolución municipal 2025/6687, fechada el 11 de septiembre de 2025.
Pese a que el procedimiento había sido declarado desierto y a que la empresa estaba excluida, el expediente recoge que tan solo tres días antes del inicio de las Fiestas Patronales se solicitó verbalmente a la misma empresa que prestara el servicio.
NCS Seguridad S.L. acabó realizando la vigilancia del evento sin contrato válido, emitiendo posteriormente una factura por un importe total de 57.661,95 euros.
El caso provocó la intervención de los órganos internos de control del Ayuntamiento. La Intervención General alertó de irregularidades en la contratación y en el pago, y la Asesoría Jurídica municipal elaboró un informe concluyente que declara la contratación verbal nula de pleno derecho.
Informe jurídico contundente
Las conclusiones jurídicas internas reflejadas en el documento son especialmente graves. El informe constata que:
- Existió contratación verbal.
- La empresa estaba incursa en prohibición para contratar.
- La Mesa había declarado desierto el procedimiento.
- La actuación se califica como «vía de hecho».
- Procede una revisión de oficio para intentar regularizar el pago.
- Y se concluye que no se trata de un fallo administrativo sino de una gestión temeraria.
La documentación plantea además interrogantes fundamentales sobre el desarrollo del expediente y la toma de decisiones:
- ¿Quién dio la orden verbal?
- ¿Qué cargo político o técnico asumió la decisión?
- ¿Existían advertencias internas previas?
- ¿Se valoró contratar a otra empresa?
- ¿Se han exigido responsabilidades políticas o disciplinarias?
- ¿Estaban cubiertos los trabajadores de seguro, al no estar la empresa al corriente de la Seguridad Social?
El PP denuncia la adjudicación
El Partido Popular de Alcorcón advierte de la gravedad de los hechos y subraya que no se cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad en las fiestas, sino la improvisación, la ruptura del procedimiento legal y el uso de dinero público sin contrato válido.
El texto denuncia que el Ayuntamiento «adjudicó a dedo» el servicio a una empresa expresamente excluida del procedimiento y recuerda que la contratación se produjo pese a que el Consistorio ya había declarado desierto el expediente.
Roberto Marín Vergara, portavoz del PP de Alcorcón, señala que «el problema no es un error administrativo, es una gestión temeraria del dinero de todos los vecinos. Se adjudica a dedo un servicio a una empresa que no podía contratar».
El portavoz popular exige aclarar quién tomó la decisión de contratar verbalmente y por qué se siguió adelante pese a las advertencias internas.
Falta de control
Este expediente se produjo en un contexto «especialmente preocupante», marcado por la falta estructural de efectivos en la Policía Municipal y, además, por la exclusión de la oposición de las Mesas de Contratación, lo que habría impedido un control político y democrático sobre el procedimiento.
Y es precisamente en este punto donde el caso conecta con otra denuncia institucional de enorme gravedad como es la exclusión irregular del PP de la Mesa de Contratación: un órgano clave mal constituido durante meses.
Tal y como se ha denunciado, el Gobierno municipal de Alcorcón, presidido por Candelaria Testa, excluyó de forma irregular al Partido Popular de la Mesa de Contratación, vulnerando el Reglamento Orgánico Municipal.
Según el texto facilitado, un informe jurídico de octubre de 2025 confirmó que se privó deliberadamente a la oposición de un derecho reglamentario, manteniendo durante meses un órgano esencial para la adjudicación de contratos mal constituido y con posibles consecuencias jurídicas y políticas.
Esta exclusión adquiere especial relevancia al coincidir con un expediente como el de la seguridad de las Fiestas Patronales 2025, donde una empresa excluida por incumplimientos terminó prestando el servicio mediante una contratación verbal, sin contrato válido y con una factura superior a 57.000 euros.
El Partido Popular considera especialmente grave que la alcaldesa impulsara posteriormente una modificación del Reglamento con el apoyo de Ganar y Más Madrid para eliminar la presencia de la oposición en dichas mesas, consolidando un modelo de contratación sin fiscalización directa.
Comisión rechazada
Ante esta situación, el PP de Alcorcón exige responsabilidades políticas, transparencia y control democrático en la contratación municipal. Según el texto aportado, los populares registraron una moción para crear una Comisión de Investigación y revisar los acuerdos afectados.
Sin embargo, la propuesta fue votada en contra por los grupos de gobierno, bloqueando la posibilidad de esclarecer internamente lo ocurrido y depurar responsabilidades políticas.
