El Gobierno de Ayuso carga duramente contra el Plan de Vivienda de Sánchez: «No hay que intervenir el mercado»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. Se trata de un texto que ha sido aprobado con cuatro meses de retraso que contempla, entre otras cuestiones, destinar el 40 % de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por boca de su consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado duramente contra el plan porque, ha denunciado, invade competencias y no ha sido consensuado con los gobierno autonómicos quienes, ha asegurado, se han enterado de su versión final por los medios de comunicación.

Para Rodrigo, tal y como ha explicado en un vídeo en el detalla la postura del Ejecutivo de Ayuso sobre este plan, no es más que un instrumento para «centralizar competencias que son claramente autonómicas» que intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente de viviendas. Y es que el plan introduce el principio de protección indefinida de la viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidas con carácter permanente.

En este sentido, cabe recordar que en junio de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la parte de la Ley de Vivienda que establecía que las viviendas protegidas se someterían a un régimen de protección «permanente» que evitaría su descalificación y su entrada en el mercado libre pasado un plazo de tiempo.

Por otra parte, el consejero de Vivienda madrileño también ha censurado que el plan favorece la financiación estatal a las comunidades autónomas si se declaran zonas tensionadas -un extremo al que se han negado siempre en la Puerta del Sol-, de tal forma que «o haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero». Así, ha denunciado que «se penaliza a las comunidades que no siguen la línea ideológica, limitando su acceso a la financiación».

Rodrigo también ha criticado que la iniciativa llega tarde -«han perdido prácticamente un año en su tramitación»-, en un momento en el que el problema de la vivienda «es urgente».

Otra de las cuestiones incluidas en el texto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es que el Estado asumirá el 60 % de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40 % restante. Pero, para el Ejecutivo regional, esta financiación directamente es «inviable».

«El Estado dice que aporta el 60 %, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis su esfuerzo», ha lamentado, al tiempo que ha vaticinado que parte de ese dinero no estará garantizado, puesto que «parte de unos Presupuestos que no existen».

Por otra parte, también ha puesto el foco en que el plan «pretende controlar los datos del mercado del alquiler, concentrando toda la información en el Ministerio», de tal manera que habrá «menos transparencia, menos pluralidad y más riesgo de manipulación».

Frente a estos postulados, el responsable de la Vivienda en Madrid ha ahondado en que el Gobierno liderado por Díaz Ayuso defiende «otra cosa»: «Defendemos respetar las competencias autonómicas, el aumento de la oferta de vivienda, la no intervención en el mercado y la colaboración con el sector privado para generar vivienda asequible», en definitiva, «un modelo que permita a las familias prosperar y no defender permanentemente de la Administración».

«El problema de la vivienda no se soluciona con imposiciones ni con control político, se soluciona con más oferta, más seguridad jurídica y cooperación real», ha zanjado.