El alcalde de un pueblo de Madrid multa con 1.300 € a concejales de la oposición por interrumpirle en un Pleno

Los concejales del Partido Popular en el pequeño municipio madrileño de Serranillos del Valle, Juan Quintana y Eva María Soriano, han sido multados con 1.100 y 200 euros, respectivamente, por interrumpir al alcalde, Rubén Fernández Díaz, durante el último Pleno del Ayuntamiento.

Durante la celebración de ese Pleno, el pasado 26 de marzo, el alcalde del partido local Transparencia y Democracia (TDS) ya amenazó a sendos concejales con esas multas que les han sido notificadas a ambos por la vía administrativa esta misma semana, tal y como ha podido comprobar El Debate.

En el caso de Quintana, esa notificación recoge que éste se «desvió del asunto objeto de debate» y, pese a la advertencia del alcalde, «continúo con su exposición». «El concejal persistió en su actitud, interrumpiendo a la Presidencia, lo que motivó una segunda llamada al orden. Acto seguido, y ante la continuidad de las interrupciones, la Presidencia le impuso una sanción de 200 euros», señala el documento.

A continuación, la notificación recoge que el portavoz del PP pronunció frases como «cómo tiene usted tanta cara», «le voy a poner una querella por esto que está diciendo» y «cómo usted es tan sinvergüenza». Unas expresiones que le valieron una nueva sanción de 500 euros por «insultos, ofensas y faltas de respeto».

Pero las multas no se quedaron ahí. Una nueva interrupción minutos más tarde provocó que el alcalde impusiera a Quintana una nueva sanción de 200 euros y, poco después, otra de idéntica cantidad por «persistir en su conducta» y volver a interrumpir al alcalde. Así pues, el montante en multas asciende a 1.100 euros para Quintana.

En el caso de Eva María Soriano, la multa asciende a 200 euros por, también, «interrumpir las sesiones plenarias cuando no tiene el uso de la palabra».

El alcalde tiene la potestad de interponer estas sanciones porque el Ejecutivo municipal aprobó en 2024 la modificación de su Reglamento Orgánico Municipal (ROM), de tal manera que se incluyeron sanciones de 200 euros por interrumpir las sesiones cuando no se tenga el uso de la palabra y 500 euros por proferir insultos, ofensas y faltas de respeto en las sesiones plenarias.

Un precepto que desde el Partido Popular consideran «nulo de pleno derecho» y, por ello, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Navalcarnero cuando el Consistorio multó con otros 500 euros al portavoz popular. «No es por no pagar las multas, es que es ilegal e inconstitucional. No existe en ningún otro ayuntamiento de España», esgrime Quintana.

Por otra parte, cabe recordar que el alcalde y su antecesor –cuñado y compañero de partido– Iván Fernández Heras van a declarar precisamente este miércoles como investigados por presunta prevaricación en la contratación del carril ciclista y el paseo peatonal.