La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez MoñinoEuropa Press

Asamblea de Madrid

El 'chascarrillo' sobre la tortilla de patatas y la prioridad nacional que enfrenta al PP y a Vox en Madrid

Durante el Pleno de la semana pasada en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interrogó a Vox con retranca sobre qué era exactamente para ellos la «prioridad nacional». «En Madrid hay 10.000 restaurantes de personas extranjeras, para ustedes, primero, la tortilla, ¡prioridad nacional!», lanzó.

Ayuso también ironizó con que si en Vox iban a exigir al camarero que les atendiera en un bar que sea «prioridad nacional» o cuando vayan a ser socorridos por un agente o un militar, van a tener que ser «cien por cien producto serrano, ¡prioridad nacional!». Y es que, para la jefa del Ejecutivo autonómico, en la formación capitaneada por Santiago Abascal utilizan un discurso «propio de los nacionalistas vascos y catalanes».

Unas palabras que no sentaron nada bien a la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que ayer, una semana más tarde, contestó a Díaz Ayuso, porque en el Pleno anterior ya no contaba con turno de intervención en la sesión de control al Gobierno.

«Para usted, que los españoles sean primeros en España es ilegal, o eso nos dijo, y por eso intentó ridiculizar la semana pasada nuestra propuesta de prioridad nacional comparándola con pedir una tortilla en un bar. No sé si era un chascarrillo de un asesor o le salió a usted del alma, pero, en todo caso, demuestra lo desconectada y desubicada que está de la realidad», esgrimió.

Así, Pérez Moñino expuso que «de Pedro Sánchez sabemos por qué impulsa la invasión migratoria, para generar nuevos votantes que lo mantengan en el poder aunque esto suponga un colapso absoluto de los servicios públicos», pero, agregó, la pregunta es: «¿Por qué lo hace usted? ¿Por qué la mayor antisanchista del mundo mundial llama a extranjeros a nuestra región para vivir de las ayudas sociales sin trabajar, como hace Sánchez».

En su respuesta, Ayuso recordó que las regularizaciones masivas las está promoviendo el Gobierno central y desde Sol las están denunciando en los tribunales, pero matizó: «Es mentira que en Madrid se regale nada a nadie por ser de fuera».

En este punto, aseguró que en Madrid llevan mucho tiempo exigiendo prioridad para acceder a determinados servicios públicos y prestaciones y acusó a Vox de haber calcado su reglamento en vivienda pública para los pactos en Extremadura y Aragón para «venir aquí a exigirnos lo que ya venimos haciendo», momento en el que expuso una retahíla de ayudas en las que se exige un mínimo de años de empadronamiento en Madrid.

«La prioridad nacional es cambiar al Gobierno de Sánchez; saben que no tenemos competencias en materia de inmigración, de fronteras, de extranjería, de seguridad, pero sí le recuerdo que esta es la casa de todos los acentos para la gente que viene a trabajar, a integrarse y a contribuir», espetó.

Acuerdo en una PNL sobre prioridad nacional

A pesar de los desencuentros que cada jueves protagonizan Díaz Ayuso y Pérez Moñino en la Asamblea respecto a la inmigración y, en los últimos tiempos, sobre esa prioridad nacional acuñada por Vox como nuevo eslogan para defender que los españoles tengan prioridad frente a los inmigrantes para acceder a ayudas y servicios públicos, lo cierto es que ambas formaciones se pusieron de acuerdo hace escasos días en una Proposición no de Ley que incluía ese concepto.

Ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando Vox presentó una PNL sobre prioridad nacional que, tras una enmienda del Partido Popular que modificó el texto original de la iniciativa —pero que igualmente aludía al concepto de prioridad nacional—, salió adelante con los votos de ambas formaciones.

Así, el texto que finalmente quedó aprobado hacía referencia a la prioridad nacional para el acceso a «todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» y matizaba que esto es «a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», en línea con lo pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón.