Madrid ya pide un mínimo de años de padrón para que los españoles primen sobre los extranjeros en el acceso a ayudas

El concepto de «prioridad nacional» que se ha sellado en los pactos que PP y Vox han firmado en Extremadura y Aragón para conformar sus respectivos gobiernos autonómicos de coalición se ha colocado en los últimos días en el centro de la polémica. No solo los socialistas han criticado este principio, que defiende que los españoles no queden relegados en ayudas sociales y acceso a prestaciones públicas en pro de inmigrantes irregulares, sino que desde el propio Partido Popular —que ha suscrito sendos acuerdos regionales- también se han mostrado recelosos.

En concreto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, expresó hace escasos días públicamente sus dudas sobre la legalidad de ese extremo. «No puedes, ilegalmente, dejar a nadie fuera de cuestiones a las que tiene derecho. Se va a tener que cumplir con la ley. El tiempo pondrá todo en su sitio. Yo creo que no se puede dejar al margen a nadie, por ejemplo, del sistema sanitario», expresó en declaraciones a los medios desde Bruselas.

Así las cosas, este jueves, durante el Pleno de la Asamblea, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, retaba a la mandataria regional a llevar la cuestión ante los tribunales si verdaderamente cree que no se ajusta a la legalidad vigente.

Sin embargo, no parece que Ayuso tenga intención alguna de ir a los tribunales y cree que Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, está «mintiendo» sobre la «prioridad nacional». «No mientan: nadie deja atrás a ningún español, no es verdad», espetó a la bancada de los de Moñino ayer en la sesión de control al Gobierno.

Lo cierto es que en la Comunidad de Madrid ya se exige para acceder a diversas ayudas un mínimo de años de empadronamiento en la región, lo que sirve como filtro para que los españoles, o al menos las personas con algo de arraigo en el territorio, puedan primar sobre los extranjeros recién llegados.

Así lo recordaba la propia Ayuso este jueves en el Hemiciclo: «No es lo mismo llevar cuatro meses que 15 años en Madrid. Por eso, en las políticas de vivienda, de empleo, las ayudas a la maternidad o en las plazas de residencias, no mientan, digan por una vez la verdad: exigimos mínimos de empadronamiento, años mínimos de empadronamiento».

Por ejemplo, en las ayudas a la natalidad, las madres solicitantes, además de tener que cumplir otros requisitos como un máximo de edad y de renta, también tienen que llevar al menos cinco años empadronadas en algún municipio de la Comunidad de Madrid para acceder tanto a la ayuda de 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño cumple dos años, como a otro tipo de ayudas a la maternidad.

Por otra parte, en el acceso al Plan Vive -viviendas de alquiler asequible construidas por operadoras privadas sobre suelo público-, se da prioridad a aquellos ciudadanos empadronados o con su centro de trabajo en el municipio al que se opta a una vivienda, con una antigüedad mínima de 3 años.

Además, en el nuevo Reglamento de Vivienda que está elaborando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se exige un mínimo de diez años de empadronamiento para poder acceder a vivienda protegida (VPP, VPPL O VPPB), ya sea para compra o alquiler e independientemente de si los promotores son privados o públicos.

Un requisito en el que, sin embargo, Madrid va a establecer excepciones, pues así lo reclamaron muchas personas que ya forman parte de cooperativas, han desembolsado grandes sumas de dinero y, para cuando su vivienda esté lista, no van a cumplir una década empadronadas en la región capitalina.

Y es que la exigencia de un mínimo de años de empadronamiento para acceder a según qué cosas, no solo hace que los españoles primen sobre los extranjeros, sino que, a nivel regional, hace que los madrileños de cuna también salgan beneficiados sobre el resto de españoles que, nacidos en cualquier otro rincón del país, deciden desarrollar su proyecto de vida en Madrid. Algo que es del todo habitual.

Así las cosas, el empadronamiento es precisamente una de las herramientas que se plantea emplear Vox para establecer esa «prioridad nacional». Así lo explicaba el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, en una reciente entrevista en Okdiario en la que reveló que la clave de ese concepto acuñado por la formación va a estar en la figura del empadronamiento, que servirá para vincular el arraigo a las ayudas públicas.

«Exigir 10 años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral», resumió. Algo que ya se viene haciendo en la Comunidad de Madrid.