El PP se enreda en la «prioridad nacional», entre los bulos del PSOE y la moción de Vox

El presidente del Gobierno, que fue investido a cambio de una ley de amnistía para los cabecillas del procés, recriminó ayer en el Congreso al líder de la oposición que haya dado «una patada» a la Constitución «violando el principio de igualdad entre ciudadanos» con su acuerdo con Vox en Extremadura. En esa misma sesión de control al Ejecutivo, el ministro de Justicia, que lleva una semana lapidando públicamente al juez del caso Begoña, calificó el pacto de «discriminatorio e inhumano» y advirtió al secretario general del PP de que el Gobierno no les va a pasar «ni media» e irá a los tribunales «a pararlo». Hasta el vicepresidente Carlos Cuerpo, del que decían que no tiene perfil político -hasta este miércoles-, reprochó a los de Alberto Núñez Feijóo que condenen a Extremadura a «segregar entre su propia población».

El grupo parlamentario popular, que quería aprovechar la penúltima sesión de control antes de las elecciones andaluzas para atacar a Pedro Sánchez y sus ministros por los flancos de la corrupción y de la regularización masiva de inmigrantes, acabó más ocupado en defenderse. Por el contrario, fue la portavoz de Vox, Pepa Millán, la que más duramente replicó a Félix Bolaños al recordarle que su exministro de Transportes está sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por «trincar», como también Koldo García. Además, Millán le mencionó a Begoña Gómez y a Santos Cerdán. «Con ustedes no hay asistencia digna ni para los extranjeros ni para los nacionales», afirmó.

El PP se ha enredado en el «principio de prioridad nacional» que figura en el pacto extremeño y, desde este miércoles por la tarde, también en el que han cerrado en Aragón para investir a Jorge Azcón. La madeja ha ido creciendo por tres vías: la campaña de desinformación y bulos de los socialistas sobre un acuerdo, el extremeño, que es público desde el pasado jueves; las declaraciones contradictorias desde las propias filas populares; y la envolvente que les hizo ayer en el Congreso el grupo de Santiago Abascal, al someter a votación en el Pleno una moción que iba más lejos de lo firmado en Extremadura y ahora también en Aragón.

Respecto a lo primero, en el pacto entre el PP y Vox para investir a María Guardiola, que lo fue finalmente este miércoles, no figura en ningún lado que los españoles tendrán preferencia en materia de vivienda. Sin embargo, el PSOE y sus socios de izquierdas han llegado a decir que pretenden «quitar a los niños de los inmigrantes la atención sanitaria», como señaló el martes Bolaños en el Senado y repitió este miércoles en el Congreso el diputado socialista Juan Francisco Serrano. Por el contrario, lo que reza textualmente es: «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Es decir, que gira en torno al concepto del arraigo, y además explicita que dentro de los límites de la ley.

Por lo que se refiere al ámbito interno, el fuego amigo ha venido sobre todo de Juanma Moreno, que no quiere dar ningún paso en falso en plena precampaña. El presidente andaluz primero rechazó algo así en su tierra, después lo achacó a la «hipérbole» y la «literatura» de Vox y, este miércoles, trató de explicarlo según se lo habían explicado a él, dijo: «El arraigo tiene que estar demostrado para los servicios públicos, sobre todo para las personas más vulnerables, pues hay que ordenarlo y hay que priorizarlo. Y creo que en esa línea es lo que me han explicado, que es por lo que va en ese acuerdo», remachó.

En cuanto a la moción de Vox, en ella los de Santiago Abascal demandan «políticas públicas de prioridad nacional». Y defienden: «La preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política». El PP intentó negociar con Vox una enmienda y le ofreció votar a favor siempre y cuando la iniciativa parlamentaria basase la prioridad nacional «en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley», pero Vox rechazó el cambio, así que el PP votó a favor. De hecho, solo los de Abascal votaron a favor.

El titular que difundió Vox a la prensa al final del Pleno fue: «El PP rechaza la propuesta de VOX para implementar la prioridad nacional en toda España». Y la respuesta del PP: «La moción de Vox pretendía llevarnos más allá y más allá no queremos ir».

Esta semana, la acusación popular ha pedido 24 años de cárcel para Begoña Gómez. El empresario Javier Hidalgo ha asegurado que Víctor de Aldama era su «canal de comunicación» no solo con Transportes, sino con más ministerios. El exjefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha reconocido que se reunió varias veces con Aldama y que en dos ocasiones le solicitó, por mensaje, el aplazamiento de una deuda con Hacienda. Y el exgerente del PSOE ha vuelto a poner de manifiesto el descontrol de los pagos en efectivo en el partido, razón por la que hay abierta una pieza separada en la Audiencia Nacional. Pero la política nacional pasa en cambio por el «principio de prioridad nacional» de dos pactos autonómicos.