Sánchez falseó el número de inmigrantes ilegales: un cuarto de millón más accederán a la residencia

Fue Irene Montero, la eurodiputada de Podemos, la encargada de anunciar el pacto con el PSOE para que el Gobierno lleve a cabo una regularización masiva de inmigrantes ilegales. Fue en enero y ya desde este lunes se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes presenciales aunque ya desde la semana pasada se pueden presentar por vía telemática.

Durante el anuncio de Montero salió la primera cifra: «Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a medio millón de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos».

La cifra, en boca de los políticos, no cambió. Mientras tanto, la realidad le mostraba a Sánchez que no se preparó el 'terreno' para el aluvión de solicitudes. Madrid denunciaba este lunes un «colapso» generado por la entrada en vigor del nuevo decreto.

«Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas a lo largo del día. Una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y al día siguiente a 5.500. Esta es la realidad», denunciaba el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en declaraciones a los medios recogidas por Ep. De hecho, la advertencia sobre el riesgo de colapso también la hizo el Consejo de Estado en su dictamen.

Pero el Gobierno parece tener claro desde hace tiempo que no era esa la cifra que manejaba. Al menos sobre el papel, ya hace tiempo señalaba que no eran 500.000 sino «alrededor de 750.000». Así figura, textualmente, en el encargo que la secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le hizo a Tragsatec, la filial de la empresa Tragsa para la prestación de servicios de apoyo a la tramitación de autorizaciones de residencia.

La empresa, que fue en la que se contrató a Jésica, la compañera sentimental del exministro de Transportes, José Luis Ábalos ha sido la elegida por Sánchez, junto a Correos, para llevar a cabo el proceso de regularización masiva.

En el acuerdo se alude a las 750.000 solicitudes, en relación a la creación de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), adscrita a la Dirección General de Migraciones, que cumple un rol esencial en el proceso de regularización pero que es incapaz de resolver el trabajo sola debido a que el «volumen de trabajo sigue siendo muy elevado y dificulta dedicar tiempo a reformas de calado en los flujos de trabajo y a la implantación de mejoras procedimentales».

Así es como justifican, en parte, el acuerdo a Tragsatec. «En el marco del proyecto de regularización extraordinaria, se estima la presentación de aproximadamente 750.000 solicitudes, cuya tramitación corresponde a la UTEX, como se establece en el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».

Antes de ser aprobado en Consejo de Ministros el martes de la pasada semana, el texto sufrió cambios. Sobre todo por las fuertes críticas del Consejo de Estado, cuya titular es la exvicepresidenta Carmen Calvo, que señaló, entre otras cosas, que no bastaba con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales. También puso en alerta sobre la difícil tarea que tenían por delante las Administraciones públicas.

«Las estimaciones cuantitativas recogidas en la memoria dan cuenta de que se prevé un muy elevado número de interesados (...) y anuncian que la aprobación de la proyectada reglamentación obligará a afrontar y gestionar un complejo y masivo proceso de presentación, tramitación y resolución de solicitudes», señala el máximo organo consultivo.