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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez ZapateroEP

Investigación

El Gobierno adjudicó 49 millones en obras a la empresa que pagaba al presunto testaferro de Zapatero para lograr contratos públicos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado contratos por valor de casi 50 millones de euros a la constructora Aldesa. Se trata de la misma compañía que contrató a Análisis Relevante SL, la sociedad de Julio Martínez, el presunto testaferro del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para facilitar el acceso a contratos públicos. El Debate publica hoy los detalles de estas adjudicaciones, que ascienden a cinco grandes obras concedidas entre 2021 y 2026 desde organismos dependientes de los ministerios de Transportes y Agricultura.

De todos los contratos, el de mayor importe corresponde a la duplicación de la carretera N-340 a su paso por Oropesa (Castellón) que fue adjudicado el 18 de noviembre de 2025 por la Dirección General de Carreteras por un total de 23,6 millones de euros. La actuación incluye trabajos de ampliación de capacidad, reordenación de accesos y adecuación de trazado en un tramo estratégico de la red viaria estatal. Se trata de una de las principales inversiones recientes en infraestructuras viarias en la provincia de Castellón.

Le sigue en cuantía la adjudicación de 19,2 millones de euros por parte de ADIF. Fue formalizada el 9 de diciembre de 2024 y su objetivo era la reconstrucción de estructuras ferroviarias dañadas por la DANA en la línea entre Cheste y Buñol (Valencia). El contrato fue tramitado por vía de emergencia y contempla la rehabilitación de infraestructuras críticas afectadas por episodios meteorológicos extremos. En un escalón inferior figuran dos contratos vinculados a la recuperación de explotaciones agrarias tras la misma catástrofe, adjudicados por la empresa pública Tragsa: uno por 3,2 millones de euros, fechado el 11 de febrero de 2026, para actuaciones en el término municipal de Chiva (Valencia), y otro por 2,8 millones de euros, concedido el 23 de diciembre de 2025 para trabajos similares en distintas zonas agrarias de la provincia. Cierra la relación un contrato menor de 48.393,53 euros, adjudicado el 26 de noviembre de 2021, por la Autoridad Portuaria de Huelva para el cerramiento y acondicionamiento de accesos en el puerto exterior.

La relación entre Aldesa y la mercantil Análisis Relevante, según desveló El Confidencial, se remonta a octubre de 2021, cuando la constructora comenzó a realizar pagos periódicos a la sociedad de Julio Martínez. En total, la compañía habría abonado en torno a 127.000 euros por supuestos trabajos de asesoría, informes y análisis de carácter geopolítico e internacional. Estas transferencias, coincidieron en el tiempo con la intensificación de la actividad de Aldesa en el ámbito de la contratación pública.

Fuentes de la investigación policial consultadas por este periódico apuntan a que la contratación de Análisis Relevante se enmarcó en una estrategia de posicionamiento institucional en un momento de elevada competencia por los grandes contratos públicos, especialmente aquellos vinculados a fondos europeos y a la reconstrucción tras episodios extraordinarios como la DANA. La sociedad de Julio Martínez, sin estructura conocida ni actividad visible en el sector de la construcción, actuaba como intermediaria en la elaboración de informes que, según la versión de la empresa, tenían un componente estratégico.

Entre 2021 y 2023, Aldesa efectuó varios pagos a la citada mercantil en distintas fases. En 2021, las transferencias ascendieron a 18.150 euros, cifra que se incrementó notablemente en 2022 hasta los 72.600 euros, para posteriormente registrar otros 36.300 euros en 2023, según la información publicada. Este flujo económico coincide con un periodo en el que la constructora consolidó su presencia en adjudicaciones públicas de elevado importe.

Desde el punto de vista administrativo, los contratos analizados responden a distintos procedimientos de adjudicación. En el caso de las obras ferroviarias vinculadas a la DANA, se recurrió al procedimiento de emergencia, que permite acortar plazos ante situaciones excepcionales que requieren una intervención inmediata. Este mecanismo, previsto en la legislación de contratos del sector público, se utiliza habitualmente en catástrofes naturales o situaciones de riesgo grave para infraestructuras críticas.

El encaje de estos contratos dentro del conjunto de adjudicaciones públicas permite situar a Aldesa como uno de los operadores más activos en la ejecución de obras financiadas por el Estado en los últimos ejercicios. La coincidencia temporal entre estas adjudicaciones y los pagos a la sociedad vinculada a Julio Martínez ha llamado la atención de fuentes conocedoras de los movimientos empresariales en el sector.

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