Qué es la 'prioridad nacional': las claves para entender la polémica tras el acuerdo de PP y Vox

El concepto de prioridad nacional que recoge el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura y también el que firmaron ayer en Aragón el Partido Popular y Vox está siendo en los últimos días objeto de polémica, y de confusión por las interpretaciones que se ha hecho del mismo. El debate saltó al Congreso a raíz de la moción que llevaba el partido de Santiago Abascal, que reclamaba que se aplique dicho principio y que solo contó con el apoyo de sus 33 diputados. El Gobierno y sus socios han acusado estos días a Vox de «racista» y han tildado esta medida de «discriminatoria». Y por parte de algunos barones populares como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno se ha cuestionado esta propuesta.

Santiago Abascal aseguró ayer que su formación defiende que los españoles tengan prioridad en el acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales porque en estos momentos están discriminados: «Es lo que nos cuentan permanentemente cuando hablamos con los españoles necesitados y lo que vemos cuando salen las listas de ayudas sociales y de asignación de viviendas públicas», subrayó en Antena 3, donde defendió que se trata de una iniciativa que consideran de sentido común y que ha sido asumida por el PP extremeño (también el de Aragón), al tiempo que se mostró convencido de que una inmensa mayoría de españoles lo aplaude. «La Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley y lo que está ocurriendo es que ya no lo son», criticó.

Lo cierto es que el concepto de prioridad nacional no es nuevo. Vox ya lo introdujo en los programas de los últimos comicios. Por ejemplo, en el de Extremadura recoge textualmente su propuesta de establecer este principio en el acceso a programas de vivienda y concesión de ayudas sociales; también la de situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en la región como criterios principales para asignar vivienda social y protegida.

En Aragón de igual manera subraya el partido que «los españoles siempre primero» y aboga las modificaciones legales necesarias para que «cualquier ayuda social esté vinculada a la residencia legal, y no al mero empadronamiento». Y en este sentido propone una ofensiva contra el «fraude» en el padrón que está permitiendo, según denuncia, que los inmigrantes ilegales se beneficien de las ayudas públicas.

Qué dicen los acuerdos firmados con el PP

Tanto el firmado para investir a María Guardiola como el que sellaron ayer para investir a Jorge Azcón tiene entre sus medidas este principio. Si bien, se vincula al arraigo. Por un lado, se comprometen a establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social «inspirado» en este principio «adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Lo mismo en lo que respecta al acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

Lo que se detalla en el caso de la vivienda entre otras cosas es que se va a exigir arraigo «real y prolongado» que esté basado en el empadronamiento histórico en la región: de 10 años como mínimo para la compra y cinco para alquiler, se van a reforzar «los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio» y se va a valorar, sujetos a la ley, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Extremadura y cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera con la región.

En el caso de las ayudas, se indica que se va a establecer un «periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» y se va a vincular el acceso a estas ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Asimismo, se recoge que se va a excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales a los que estén en situación irregular, excepto en los casos de urgencia vital. Aparejado a estas medidas, recogen en los dos acuerdos su compromiso a instar al Gobierno a modificar la ley nacional sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La moción de Vox

El rifirrafe entre las direcciones nacionales de PP y Vox tras las primeras reacciones al acuerdo de Extremadura -la formación de Abascal acusó a los populares de «boicot» del mismo- se acentuó este miércoles ante el debate en el Pleno de una moción consecuencia de interpelación urgente que presentó Vox.

Una moción que consta de ocho puntos y que exige entre otras cosas «garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles», la repatriación de los inmigrantes ilegales y la remigración de los extranjeros que no contribuyan «con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional», que haya prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda. La formación de Abascal quiere que los españoles tengan prioridad a la hora de acceder a vivienda social, vivienda protegida, bonificaciones fiscales diferenciadas o a cualquier ayuda relacionada con la vivienda.

También, que se impida que los inmigrantes ilegales hagan uso del sistema sanitario español excepto cuando se trate de asistencia sanitaria «urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia», y que haya igualmente prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, «promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles».

Por su parte, el PP, que finalmente votó en contra del texto de Vox porque este no aceptó su enmienda y rechazó además que se votase la moción por puntos, proponía en su enmienda un planteamiento en los términos en los que se han sellado los acuerdos regionales en este sentido. Entre otras cosas, los populares recogían que se promoviera el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas «inspirándose en el principio de prioridad nacional, aludiendo a ese arraigo «real, duradero y verificable»; y lo mismo para el acceso a la vivienda protegida y alquiler social.

Según explicó el diputado nacional y portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, Vox no aceptó la enmienda del PP porque no recogía la repatriación ni la remigración, ni la cuestión relativa a la sanidad, a las pensiones no contributivas ni a la asistencia jurídica. Por su parte, desde el PP, la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, trasladó que su formación no comparte la remigración, que además sostiene, aludiendo al artículo 13 de la Constitución, a la Directiva 2003/109 y al Convenio de Derechos Humanos, que no es legal.

No obstante, tanto PP como Vox en Extremadura y en Aragón han defendido los acuerdos que recogen este concepto de prioridad nacional y han remarcado que lo que se ha acordado y se va a llevar a cabo es compatible con la legalidad. Este martes en la sesión de investidura, María Guardiola recalcó que lo que se ha firmado se va a realizar y que «jamás» incumplirán la ley. Jorge Azcón también subrayó ayer que ningún acuerdo va a ir al Consejo de Gobierno sin un informe de los servicios jurídicos.