Madrid no exigirá en determinados casos el requisito de 10 años de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida

A finales del pasado mes de enero, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso avanzó algunos detalles de su nuevo Reglamento de Vivienda que, ahora mismo, se encuentra en fase de elaboración, con la vista puesta en julio para su aprobación definitiva, una vez supere el trámite de audiencia e información pública. Entre las principales novedades que desveló el Ejecutivo destacaron que los condenados por okupación no podrán acceder a vivienda protegida durante cinco años y la exigencia un mínimo de diez años de empadronamiento en la región para poder acceder a este tipo viviendas (VPP, VPPL O VPPB), ya sea para compra o alquiler e independientemente de si los promotores son privados o públicos.

Un extremo que ha causado gran revuelo entre la población potencialmente afectada, pues muchos de ellos ya forman parte de cooperativas, han desembolsado grandes sumas de dinero y, para cuando está previsto que su vivienda esté lista, no van a cumplir una década empadronados en la región capitalina.

Así las cosas, tal y como ha podido saber en exclusiva El Debate, la Consejería de Vivienda ha decidido establecer una serie de excepciones a ese requisito de diez años de empadronamiento para proteger a los futuros beneficiarios de vivienda protegida.

En concreto, no se pedirá a las personas que, una vez entre en vigor el nuevo Reglamento, previsiblemente el próximo mes de julio, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación, o hayan entregado cantidades a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se exigirá diez años de empadronamiento a aquellos que formen parte de cooperativas de vivienda que ya hubieran desembolsado cantidades para la compra de suelo o de la propia vivienda.

En el resto de casos que sí se exigirá –de forma genérica, a todos aquellos que aspiren a una vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, incluyendo cooperativas o comunidades de bienes–, sólo se aplicará sobre uno de los miembros de la unidad de convivencia.

De esta forma, se da respuesta a parte de las reivindicaciones que cientos de afectados venían reivindicando en las últimas semanas. Muchos de ellos han puesto en marcha una recogida de firmas a través del portal Change.org para pedir una clausula que garantice que los nuevos requisitos no se aplicarán a quienes acrediten haber realizado aportaciones económicas, reservas o firmado contratos de adhesión con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Una reclamación que el departamento comandado por Jorge Rodrigo va a satisfacer, tal y como avanza este periódico.

Con todo, estos afectados, además de pedir esa excepción para sus casos, también solicitan que se suprima de manera generalizada ese requisito de diez años de empadronamiento que consideran «una barrera innecesaria que penaliza la movilidad laboral y el talento joven». «Consideramos que exigir una década de antigüedad es una medida totalmente desmedida que no refleja la realidad de una región dinámica como Madrid, cerrando la puerta a trabajadores y familias que ya viven, trabajan y cotizan aquí desde hace años», opinan.

Sin embargo, el Ejecutivo madrileño no tiene intención de levantar esa exigencia, más allá de los casos ya mencionados. Una postura que se basa en el objetivo de «priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo».