El Gobierno de Ayuso pedirá perdón al contribuyente cuando pierda en los tribunales un conflicto fiscal

Casi dos años después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara en el Debate del Estado de la Región de 2024 la aprobación de una ley en defensa del contribuyente, el Consejo de Gobierno dio este miércoles luz verde al proyecto de ley que espera quede aprobado definitivamente en la Asamblea de Madrid antes de que acabe el año.

Se trata de una ley de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad de Madrid, es decir, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.

Su finalidad, según resumió en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, es reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la administración tributaria, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a las mismas. Hablando en plata, que pagar impuestos no se convierta en un infierno y que el contribuyente no tenga la sensación de que la administración quiere 'desplumarle'.

Uno de los extremos de esta nueva normativa que mejor refleja la relación de «respeto» mutuo que el Ejecutivo quiere establecer entre contribuyente y administración es que, de manera pionera, esta última tendrá que pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos en cualquier controversia fiscal que hayan tenido que dirimir los tribunales.

Igualmente, la administración autonómica también estará obligada en virtud de esta nueva ley a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.

Por otra parte, la ley también contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente, un órgano que sustituirá a la figura del mismo nombre para «dotar al sistema de una mayor robustez técnica». Así, esta oficina se encargará de tramitar más ágilmente las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias de trato.

Asimismo, se va a poner en marcha una carpeta tributaria individualizada en la que el ciudadano podrá consultar toda su información fiscal y seguir en tiempo real sus expedientes. Una carpeta en la que primará un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión.

En definitiva, esta nueva regulación incorpora el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la administración tributaria regional, con el fin de garantizar una «protección efectiva de los derechos de los contribuyentes». Para ello, establece «un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano».

En otro orden de cosas, el Gobierno de Ayuso también aprobó ayer el proyecto de decreto que establecerá una fecha de caducidad en los reglamentos autonómicos de carácter organizativo, así como la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia.