Polémica en Madrid por el nuevo requisito para sacar el abono transporte: «Ayuso aplica la prioridad nacional»

El anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de que a partir de este mismo lunes se va a exigir el empadronamiento en Madrid para la expedición de la Tarjeta Transporte -o en ciertas poblaciones limítrofes de las dos Castillas- ha provocado una oleada de críticas por parte de la oposición.

Desde el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso han recordado que esta no es una medida retroactiva y, por tanto, todos aquellos que ya tengan su tarjeta la van a seguir teniendo. Además, según sus cálculos, tan sólo va a afectar a un 3,4 % de los usuarios y es una medida de «sentido común», porque son los empadronados los que con sus impuestos sufragan el 94 % de las bonificaciones al servicio.

Asimismo, desde la Puerta del Sol también han subrayado que es una medida recogida en el reglamento del Consorcio Regional de Transportes, si bien por «cuestiones técnicas» no se había podido implementar hasta ahora. Sin embargo, esas explicaciones no han contentado a la izquierda madrileña, que ayer mismo pidió la retirara inmediata de ese requisito.

El PSOE lo hizo desde varios frentes. Por un lado, el secretario general de los socialistas de Madrid, Óscar López, aseguró que se trata de una medida «racista y excluyente» que hace «más complicada la vida a la gente». Cabe recordar que el certificado de recargas del abono transportes es uno de los documentos que sirven para el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un extremo que ha llevado a la única oficina de Madrid que lo expide a situaciones de colapso en las últimas semanas.

Además, el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Javier Guardiola, también exigió ayer, nada más conocer la medida, su inmediata retirada. «Es el ejemplo de cómo Ayuso aplica la prioridad nacional en el transporte, dejando fuera a personas migrantes», afirmó en declaraciones trasladas a los medios de comunicación.

Por su parte, el concejal socialista Pedro Barrero subrayó con ironía en sus redes sociales la «casualidad» de que a 15 días de que termine el proceso de regularización extraordinaria, «Ayuso endurece el acceso a la tarjeta de abono transporte exigiendo empadronamiento».

«Cuando una medida se anuncia en este momento y perjudica principalmente a los más vulnerables, migrantes y estudiantes, cuesta no ver detrás la sombra de la 'prioridad nacional' que el PP y Vox llevan meses alentando», agregó.

Desde IU Madrid han tachado de «insólita e injusta» la medida y han asegurado que «persigue una finalidad espuria: poner zancadillas a miles de personas que pretenden optar a la regularización impulsada desde el Gobierno Central», además «del perjuicio que va a suponer a trabajadores y estudiantes de otros territorios cercanos».

Lo mismo que opinan desde Más Madrid, donde creen que es una «prioridad nacional de tapadillo» y denuncian que «Ayuso no necesita a Vox para complicarle la vida a la gente y quitar derechos con trabas burocráticas». «El abono de transportes nos hace madrileños desde el primer día y así debe seguir siendo», zanjó ayer en un mensaje la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.

«Es lo normal en cualquier ciudad»

En el lado diametralmente opuesto a estas críticas de la izquierda madrileña se encuentra el abogado especialista en extranjería y nacionalidad española Enrique Vásquez que en un extenso hilo en el antiguo Twitter ha explicado por qué cree que la medida es un acierto e incluso ha criticado que llega tarde.

«Esto no es una ocurrencia ni una rareza. Es lo normal en cualquier gran ciudad que gestiona bien su transporte público», arranca su texto, en el que recuerda que en París, Londres o Roma hay tarjetas y tarifas especiales que sólo pueden disfrutar los residentes, algo que califica de «lógica básica». ¿Por qué? Porque los subsidios los financian los vecinos a través de sus impuestos, y lo razonable es que los aprovechen quienes realmente viven ahí.

Además, subraya que dentro de España, en ciudades como Barcelona, Valencia o Bilbao ya hay tarifas reducidas sólo para residentes y, por tanto «Madrid llega tarde a esto, no pronto». «Yo que voy regularmente a Londres me encantaría poder disfrutar de tarifas reducidas en el transporte público de aquí, pero no puedo, porque es lo correcto», reflexiona.

Así, para este abogado la pregunta es simple, si vives en Madrid y estás empadronado donde vives, no tienes ningún problema. En cambio, si no estás empadronado donde vives, ese es el problema real y es independiente de esta norma.

«El padrón municipal es una obligación legal de cualquier persona que resida habitualmente en un municipio. No importa si eres español, europeo o extranjero. Si vives aquí, te empadronas aquí», asevera, antes de añadir que se debe hacer no sólo por el abono, sino porque el padrón es «lo que acredita que eres vecino y abre las puertas a servicios, trámites y derechos».