Críticas a la «hipocresía» del Gobierno de Rivas por privatizar durante 40 años un nuevo polideportivo

Rivas-Vaciamadrid vuelve a estar en el punto de mira tras conocerse las «graves irregularidades de gestión» y la «profunda contradicción ideológica» del Ejecutivo municipal en la adjudicación del nuevo polideportivo del Barrio Centro, según han denunciado desde el Grupo Popular local.

En este sentido, la polémica ha estallado después de que el Gobierno de Rivas adjudicase la construcción y gestión del nuevo polideportivo de la localidad a una empresa privada. Este hecho ha sido calificado como «sorprendente» por parte de la oposición, ya que el Ejecutivo local «hace bandera pública contra la colaboración público-privada». Sin embargo, este ahora ha acudido a esta misma fórmula para privatizar la explotación de un terreno público de 17.553,00 m² durante los próximos 40 años.

Ante esta situación, los populares han seguido defendiendo la colaboración público-privada «cuando está bien planteada», pero rechazan que se use «como un escudo para esconder la dejación de funciones y la parálisis inversora del Ayuntamiento». Además, la portavoz del Partido Popular de Rivas, Janette Novo, ha denunciado que «no invierten el dinero de los ripenses en lo que de verdad importa y acaban delegando la gestión en manos privadas porque su incapacidad de gestión es absoluta. Aplauden la iniciativa privada en Rivas para tapar sus vergüenzas, pero la demonizan fuera. Es una hipocresía intolerable».

Falta de protocolos y una tramitación «exprés»

Por otro lado, desde la formación también han exigido que se realice una «fiscalización total» ante la «alarmante falta de controles técnicos» en el concurso público. Los populares se basan en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que obliga a los órganos de contratación a tomar medidas para evitar el fraude o las distorsiones de la competencia.

Esta exigencia nace después de que el Ayuntamiento asumiera el plan financiero de la mercantil de forma acrítica y sin ninguna medida correctora, donde el competidor perjudicado recibió puntuaciones residuales frente al grupo propuesto como adjudicatario, según fuentes populares.

Además, también se ha puesto el foco en que la propuesta de la empresa propuesta como adjudicataria, SUPERA RIVAS, S.L., contemplaba una inversión un 46,11 % superior al mínimo exigible, lo que activó por ley la presunción de baja anormal (temeridad). Sin embargo, el Gobierno municipal aceptó la justificación de la empresa en un plazo récord de solo tres días hábiles, sin realizar una fiscalización financiera minuciosa para asegurar la viabilidad futura del centro.

Todo ello ha puesto en alerta al Grupo Popular, tal y como ha reconocido Janette Novo: «Nuestra obligación como oposición es fiscalizar para que las cosas se hagan bien. Queremos que los vecinos disfruten de este nuevo polideportivo, pero no que el Ayuntamiento mire para otro lado y despache en 72 horas un contrato que compromete el suelo de la ciudad durante cuatro décadas, vinculándonos a un fondo extranjero por su incapacidad para construir con recursos públicos».