Sede del Ayuntamiento de Rivas
El Ayuntamiento de Rivas externaliza los controles de acceso a sus edificios tras criticar las privatizaciones
Además, se está triplicando el trabajo que antes hacía una persona municipal
La adjudicación de un contrato de hasta 1,78 millones de euros para el control de accesos en edificios e instalaciones municipales ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. La oposición -empezando por Vecinos por Rivas y después el Partido Popular- denuncia una «externalización encubierta» de funciones que hasta ahora realizaba personal municipal, mientras los sindicatos exigen explicaciones y garantías de que no se producirá una sustitución progresiva de empleo público por contratación privada.
La controversia ha escalado hasta el punto de que la concejal del Partido Popular, Janette Novo Castillo, ha decidido llevar el asunto al próximo Pleno municipal mediante una pregunta dirigida al Gobierno local dentro del apartado de control al Ejecutivo.
La edil cuestiona la inclusión de nuevas dependencias municipales dentro del contrato de control de accesos, entre ellas instalaciones deportivas como el Polideportivo Parque Sureste, donde tradicionalmente estas tareas venían siendo desarrolladas por personal municipal adscrito a Deportes y Mantenimiento.
Según la pregunta registrada por Novo, la incorporación de estos servicios al contrato externo ha generado inquietud tanto entre los trabajadores municipales como entre las organizaciones sindicales, que temen una progresiva privatización de funciones consideradas hasta ahora parte de la actividad ordinaria del Ayuntamiento.
El origen del conflicto surge cuando el Ayuntamiento licitó el servicio de control de accesos para edificios e instalaciones municipales. El pliego establece un presupuesto anual de 359.811 euros IVA incluido, con posibilidad de prórrogas hasta alcanzar cinco años de duración y un valor estimado total de 1,78 millones de euros.
La documentación sostiene que el nuevo contrato supone un incremento muy significativo respecto al anterior expediente de 2023, aumentando tanto el volumen de horas contratadas como el coste total del servicio. Según el dossier elaborado por el Grupo Municipal Popular, el valor estimado pasa de 996.524 euros a 1.784.187 euros, un incremento cercano al 79 %.
Además, el nuevo pliego prevé más de 20.500 horas anuales de servicio, distribuidas entre numerosas dependencias municipales, incluyendo centros culturales, administrativos, sociales y deportivos.
Los sindicatos denuncian la situación
Por su parte, CCOO ha emitido un comunicado en el que muestra su inquietud por la inclusión de nuevas instalaciones municipales dentro del contrato externalizado.
El sindicato recuerda que las funciones de control de accesos y atención al público en varias de estas instalaciones han sido desarrolladas hasta ahora por personal municipal y advierte de que la ampliación del contrato podría suponer una transferencia de funciones desde el personal propio hacia empresas privadas.
CCOO cuestiona especialmente que la medida se produzca después de la reciente creación de una bolsa de empleo de operarios de infraestructuras y control deportivo para cubrir necesidades temporales de fines de semana y festivos. Dicha bolsa fue aprobada precisamente para atender funciones vinculadas al control y atención de instalaciones deportivas municipales.
La organización sindical considera contradictorio que, por un lado, se creen mecanismos para incorporar personal municipal a estas tareas y, por otro, se amplíe la contratación externa para desempeñar funciones similares.
Entre las principales críticas que circulan entre trabajadores y representantes sindicales se encuentra el aumento de carga de trabajo derivado de la reorganización de servicios.
Fuentes sindicales sostienen que algunas tareas que anteriormente eran asumidas directamente por personal municipal están siendo redistribuidas y ampliadas dentro de la nueva estructura del contrato, generando incertidumbre sobre el futuro de determinados puestos y sobre la planificación de recursos humanos del Ayuntamiento.
La preocupación se centra especialmente en los servicios relacionados con instalaciones deportivas, mantenimiento y control de accesos, ámbitos que históricamente han contado con personal propio para desarrollar estas funciones.
Ante esta situación, Janette Novo preguntará en el Pleno cómo garantiza el Gobierno local que la contratación de una empresa externa para el control de accesos no supondrá una reducción de funciones de la plantilla municipal ni una sustitución progresiva de empleo público por servicios privatizados.
