Polémica en un pueblo de Madrid por un vídeo de su alcalde aparentemente ebrio durante las fiestas patronales

el alcalde del municipio madrileño de Serranillos del Valle, Rubén Fernández Díaz, lleva meses en el foco de la polémica por las multas que impone a los concejales de la oposición durante los plenos del Consistorio. Unas sanciones que los damnificados han llevado a los tribunales y, de hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid ha estimado ya uno de los recursos presentados por el portavoz del PP en la localidad, Juan Quintana, contra una multa de 500 euros por, supuestamente, interrumpir al alcalde en su uso de la palabra durante una sesión plenaria.

Pero, en esta ocasión, la controversia en torno al primer edil gira en torno a su gestión de las fiestas patronales y al estado en el que se mostró en sus redes sociales. Y es que Fernández colgó un vídeo en su perfil de Instagram etiquetando a la cuenta oficial del Ayuntamiento en el que se le puede ver de madrugada en actitud festiva, aparentemente bajo los efectos del alcohol, acompañado de jóvenes de una peña del pueblo.

Aunque desde la oposición reconocen que no puede establecerse si se encontraba efectivamente en estado de embriaguez, cuestionan que quien ostenta la Alcaldía y representa institucionalmente al municipio utilice referencias oficiales del Ayuntamiento en publicaciones de estas características, lo que contribuye a «difuminar la frontera entre una celebración privada y la imagen pública de la institución».

Con todo, esta no ha sido la única polémica que ha protagonizado Fernández durante las fiestas de la localidad, celebradas entre el 7 y el 16 de agosto. El alcalde no sólo no invitó a los concejales del Partido Popular al pregón de las fiestas, sino que, posteriormente, se burló de las quejas expresadas por los populares.

«A llorar a la llorería», escribió en una publicación en su activa cuenta de Instagram en la que se refirió al portavoz de la oposición como «Juan 200€», en alusión a las multas impuestas durante los plenos municipales.

Según e PP, «el episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende las diferencias políticas: si las redes sociales de quien ocupa la Alcaldía deben utilizarse para ridiculizar públicamente a representantes de la oposición, especialmente cuando las sanciones que sirven de argumento para esas burlas están siendo cuestionadas judicialmente».

Por último, la oposición también ha puesto en tela de juicio la gestión municipal de los festejos porque el pasado 15 de agosto el Consistorio organizó una macrodiscoteca en un recinto cerrado de titularidad municipal, en el que había habilitada una barra con venta de bebidas alcohólicas, a la que, asegura, accedieron menores de edad de aproximadamente 14 años. Además, algunas fuentes apuntan a que pudieron acceder incluso niños de 12 años.

«La cuestión exige una explicación clara por parte del Ayuntamiento: ¿qué controles de edad existían?, ¿quién autorizó el acceso?, ¿quién era responsable de la seguridad?, ¿qué medidas impedían que los menores pudieran adquirir alcohol y qué supervisión realizó el Gobierno municipal?», sostienen desde el Partido Popular de Serranillos del Valle, al tiempo que insisten en que «no se trata de una polémica menor».

Para la oposición, «cuando un Ayuntamiento organiza o autoriza un evento multitudinario en un recinto municipal en el que existe venta de alcohol, garantizar la seguridad y establecer controles adecuados constituye una cuestión esencial».

Además, de acuerdo con el PP, la explotación de la barra de la discoteca habría sido concedida al padre de una concejal del Gobierno municipal. «La relación familiar no demuestra por sí sola la existencia de ninguna ilegalidad, pero sí hace imprescindible conocer con absoluta transparencia cómo se realizó la concesión. ¿Se ofreció la explotación públicamente? ¿Pudieron concurrir otros interesados? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Quién adoptó la decisión? ¿Existieron informes técnicos? ¿Qué condiciones económicas se establecieron?», se pregunta la formación.

Por otra parte, también respecto a las contrataciones, los concejales del PP arrojan dudas sobre el espectáculo tributo a Estopa contratado en las fiestas porque, supuestamente, existiría vinculación entre una persona relacionada con la actuación y el alcalde. Esa persona en cuestión sería conocida o amiga del regidor y habría formado parte de una candidatura de TDS, la formación independiente de la que forma parte el primer edil.

«De nuevo, una relación personal o política no convierte automáticamente una contratación en irregular. Pero cuando se utiliza dinero público y el beneficiario mantiene vínculos personales o políticos con quienes gobiernan, la exigencia de transparencia debe ser máxima», zanjan los populares.