El portavoz del Gobierno de Ayuso dará explicaciones sobre el ático de Chamberí en la Asamblea de Madrid

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha pedido comparecer a petición propia en el Pleno de la Asamblea para dar explicaciones sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a su consejería que compró el polémico ático en el barrio de Chamberí por más de seis millones de euros.

De esta forma, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien ayer trató de despachar el tema recordando que el inmueble está en venta y que «no se puede estirar más el chicle», profundizará en las explicaciones ofrecidas hasta la fecha para tratar de convencer a una oposición que lleva todo el verano agitando el asunto y que, previsiblemente, con el inicio del nuevo curso y el inicio de la actividad parlamentaria en la Cámara de Vallecas, volverá a la carga con este espinoso tema.

«El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que más veces se somete al control parlamentario y rinde cuentas ante la Cámara regional, informando de su gestión y respondiendo a los grupos de la oposición tanto de forma oral como en preguntas escritas», han afirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press. Ahora García Martín deberá esperar a que la Mesa de la Asamblea active la comparecencia para abordar el asunto en el hemiciclo.

La polémica estalló el pasado 29 de julio, cuando el diario El País destapó la compra de un ático en el Paseo del General Martínez Campos para albergar las oficinas de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia, mientras duraran las obras de rehabilitación que van a acometerse este otoño.

Sin embargo, la normativa urbanística no perite instalar en ese ático oficinas, sino únicamente algún despacho dentro de una vivienda, por lo que la oposición especuló con que, en realidad, Planifica Madrid habría adquirido ese inmueble para que Ayuso lo utilizara de residencia oficial. Un extremo que la presidenta negó tajantemente.

Ante el reguero de críticas, el Gobierno decidió poco después de revelarse la compra poner el inmueble en venta, junto con otros cuatro ubicados en la Gran Vía para invertir lo recaudado de esas ventas en la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los incendios.

Un golpe de efecto con el que el Gobierno quería neutralizar la polémica que, sin embargo, ha continuado coleando en los últimos días porque la oposición sigue echando en falta explicaciones más convincentes sobre esta extraña operación inmobiliaria.