Clausurado un piso-prostíbulo en Parla (Madrid) dedicado a la trata de mujeres con fines de explotación sexual

La Policía Nacional ha clausurado un piso-prostíbulo en el municipio madrileño de Parla en el que estaban implicadas hasta ochos personas y ha liberado a las nueve mujeres víctimas del entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La organización las captaba a través de falsos anuncios publicados en páginas web en los que supuestamente se ofrecía trabajo como cuidadora de una persona mayor, y una vez en el domicilio, los responsables retenían sus pasaportes. Además, según un comunicado de la Policía, las coaccionaban y amenazaban para prostituirse, debían estar disponibles las 24 horas del día, no podían elegir a sus clientes y estaban obligadas a ofrecer o consumir sustancias estupefacientes.

Por su parte, el piso había sido configurado para maximizar los beneficios económicos de la organización, y las mujeres vivían hacinadas en una habitación abuhardillada sin ventilación ni condiciones de intimidad. La investigación comenzó el pasado mes de julio y permitió averiguar que el control sobre las víctimas lo ejercían cinco personas, dos hombres y tres mujeres que imponían las condiciones laborales y empleaban métodos coercitivos para hacer cumplir sus órdenes.

Asimismo, según apunta la Policía Nacional, dos mujeres eran las encargadas de suministrar sustancias estupefacientes para ofrecer y consumir con los clientes, mientras que otras tenían que dormir o prestar servicios sexuales en el baño o en la terraza, ya que tenían prohibido dormir en las camas de trabajo y no había espacio suficiente para todas las personas que vivían y trabajaban en el domicilio.

En cuanto a las condiciones económicas, ellas mismas debían pagar distintos servicios de mantenimiento, entre ellos una cuota de diez euros diarios por la limpieza, además de otros gastos, todo ello mediante un acuerdo verbal que, según los agentes, aprovechaba su situación de vulnerabilidad.

La operación culminó el pasado 9 de septiembre con la entrada y registro del piso-prostíbulo y su clausura, durante la que fueron intervenidos siete teléfonos móviles utilizados para gestionar las citas, un terminal de punto de venta, 3.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de hachís, marihuana y sildenafil, además de medicamentos y abundante documentación.