El alcalde de uno de los municipios de Madrid más afectados por la ley de nietos pide auditar el CERA desde 2022

el alcalde de Tres Cantos, uno de los municipios de Madrid más afectados por la ley de nietos, ha pedido formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) la auditoría y revisión de oficio de la totalidad de los expedientes del CERA asignados a la localidad desde 2022.

El regidor, el popular Jesús Moreno, ha hecho esta solicitud después de comprobar que el voto exterior en el municipio ha crecido en 215 personas desde la aprobación de la ley de nietos. Un extremo que preocupa en el Consistorio, puesto que el municipio se creó en 1991, y la ley de nietos, teóricamente, está destinada a dar la nacionalidad a los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955. Por tanto, es imposible que los antepasados de los nuevos inscritos salieran de Tres Cantos, ni por motivos políticos ni por cualquier otra causa.

Moreno considera que ese incremento del censo exterior es «insostenible desde el punto de vista técnico y legal» y ha tachado la situación de «anomalía democrática». Así, con la auditoria el alcalde pretende «velar por la limpieza del censo y defender la legitimidad democrática en los próximos procesos electorales».

«Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional. Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991. Que aparezcan electores asignados a nuestra localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central», ha expresado.

Además de trasladar que respeta «plenamente el derecho a la nacionalidad», ha apostillado que el censo electoral «debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota».

Desde el Gobierno municipal se ha expresado «el total respaldo» a la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de aquellas altas en el CERA que no hayan acreditado de manera fehaciente la condición de exiliados o represaliados políticos.

«No entramos a juzgar intenciones, pero los hechos demuestran una falta de rigor inadmisible. La resolución del Tribunal Supremo nos da la razón: las reglas del juego electoral exigen máxima garantía y transparencia, no ingeniería ni atajos censales descontrolados que distorsionen la realidad de municipios como el nuestro», ha añadido el alcalde.