Manifestantes tratan de frenar el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Retiro

Decenas de personas, entre los que se encuentran la eurodiputada Irene Montero y el diputado de Sumar Enrique Santiago, se han concentrado este miércoles en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, para apoyar a Maricarmen, una vecina de la calle de 87 años que se enfrenta hoy al cuarto y definitivo intento de desahucio.

En las cercanías del portal del edificio, un grupo de activistas ha organizado una sentada y dos de ellos han sido desalojados de la entrada al inmueble por agentes de la Policía Nacional.

Los manifestantes corean consignas como «Maricarmen se queda», «Esta señora podría ser tu abuela», «No nos vamos, nos quedamos», «Vergüenza me daría ser policía», «Vergüenza me daría desahuciar a Maricarmen», «Rentista culpable Gobierno responsable», «Asesinos», «Fuera, fuera» y «El pueblo unido jamás vencido».

Pasadas las nueve de la mañana ha llegado la comisión judicial encargada del lanzamiento a las puertas de la vivienda, mientras la Policía Nacional mantiene acordonado el entorno del edificio, e impide a los medios de comunicación acceder dentro del perímetro policial.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas han relatado a Europa Press que durante la intervención de los agentes antidisturbios se han vivido momentos de tensión y empujones. Posteriormente, se ha instalado una «calma tensa» a la espera de conocer si se ejecuta finalmente el lanzamiento.

Mientras tanto, la Delegación del Gobierno se ha desmarcado del dispositivo policial y ha alegado que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial. Fuentes del departamento que dirige Francisco Martín han manifestado su posición contraria al desahucio de Maricarmen, aunque matizan que «debe diferenciarse esta posición de la obligación de la Policía Nacional de atender el requerimiento judicial y garantizar que pueda desarrollarse en condiciones de seguridad».

«Las decisiones sobre el despliegue, el establecimiento del perímetro de seguridad y las condiciones de acceso al mismo son decisiones operativas adoptadas por los responsables policiales bajo mandato judicial, atendiendo a las circunstancias existentes sobre el terreno y a la información de seguridad disponible», explican.

Ante las críticas de varios periodistas por no poder acceder dentro del perímetro policial, estas fuentes aseguran que no existe «ninguna instrucción de la Delegación del Gobierno dirigida a impedir, dificultar o limitar la cobertura informativa del desahucio».

«Al contrario, la Delegación del Gobierno ha pedido a la Policía Nacional que debe velar también por la seguridad de los periodistas, cámaras, fotógrafos y demás profesionales de la información que están cubriendo los acontecimientos y garantizar la libertad de prensa en estos acontecimientos», añaden.