Más Madrid exige a Ayuso dar abogado gratis a los afectados por la suspensión del voto por la ley de nietos

El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo acordó suspender de manera cautelar el voto a las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos, así como las nuevas altas en el mismo.

Una decisión que indignó al Gobierno de Pedro Sánchez –que, según el PP, pretendía a través de esta ley inflar los censos y, de esa manera, alterar los resultados electorales–, así como a Más Madrid. La formación liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció al poco de conocerse la decisión del Alto Tribunal que iba a instar al Defensor del Pueblo a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional ante esta «grave» paralización del derecho a voto.

Un anuncio que se ha materializado en una Proposición no de Ley en la Asamblea de Madrid en la que la formación pide al Gobierno autonómico comunicar al Defensor del Pueblo «la situación de estos ciudadanos madrileños instándole a defender la plenitud de sus derechos fundamentales».

Además, en esa iniciativa Más Madrid también exige al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso «facilitar asistencias jurídica gratuita a los españoles inscritos en la circunscripción de Madrid cuyo derecho al sufragio activo esté suspendido como medida cautelar en procesos judiciales de los que no sean parte».

La formación denuncia que «los ciudadanos españoles que ven suspendido un derecho fundamental propio por esta medida cautelar no son parte en ese proceso y, por lo tanto, tienen limitado también el derecho a la tutela judicial efectiva en una situación que les afecta directamente y que debilita su condición de ciudadano de pleno derecho».

Tal y como refleja la PNL en su exposición de motivos, el partido considera que los reparos respecto a las consecuencias electorales que puede tener la ley de nietos no son más que «teorías de la conspiración». «La última de estas teorías simula que la presunción de veracidad de los solicitantes de la nacionalidad es en realidad un 'pucherazo' electoral», sostienen.

«Ninguno de los expediente de adquisición de nacionalidad ha sido recurrido por nadie, pero algunos partidos políticos se han amparado en esta última teoría y recurrieron ante la Junta Electoral Central (JEC) pidiendo que se negara el derecho a voto de personas cuya nacionalidad española nadie discute judicialmente», agregan.

Y es que la Comunidad de Madrid presentó la semana pasada alegaciones ante la Junta Electoral Central para evitar que el Gobierno central manipule los censos electorales. En concreto, el Gobierno pidió a a la JEC trasladar a las oficinas consulares que sólo puedan inscribirse en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) para las elecciones a la Asamblea de Madrid aquellas personas que acrediten documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia en un municipio de la región, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía.

Además, también solicitó que el registro en un municipio de Madrid se haga sólo cuando la persona lo pueda acreditar, y nunca de forma automática o por defecto cuando no puede demostrar un municipio de procedencia en España.