La acampada en Sol desata el enésimo enfrentamiento del delegado del Gobierno con Ayuso y Almeida

Cientos de personas acampan en la Puerta del Sol desde el pasado sábado para protestar por la situación de la vivienda en España, tras el sonado desahucio de la anciana Maricarmen. Un asentamiento que las administraciones madrileñas, tanto el Ayuntamiento de la capital como el Gobierno de la Comunidad de Madrid, consideran ilegal, mientras la Policía Nacional no ha movido un dedo para su desalojo, siguiendo instrucciones de la delegación del Gobierno, de quien depende el Cuerpo.

Esta situación, que recuerda al famoso 15-M de donde nació Podemos, ha desatado el enésimo enfrentamiento del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Desde el Consistorio, han acusado a Martín de «dejación de funciones» por no haber «hecho nada» para impedir que se realizara esa acampada. El propio Almeida, en una entrevista televisiva ayer denunció que la Policía Municipal pidió ayuda a la Nacional para evitar la instalación de tiendas de campaña en la Puerta del Sol el pasado sábado, pero que ésta, siguiendo «instrucciones de Interior» no hizo nada al respecto.

«Lo único que hizo la Policía Nacional fue estacionar dos furgonetas delante de la fachada de la presidencia de la Comunidad de Madrid cuatro minutos y se fueron», señaló, algo que, aseguró, pudo comprobar por las cámaras instaladas en la plaza.

Por su parte, desde el Ejecutivo madrileño han exigido al delegado desmantelar la acampada e impedir que se consolide. «Es algo que no se debe de permitir», esgrimía este lunes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo. En este sentido, el Gobierno de Díaz Ayuso ha venido recordando que el desalojo de Sol de los conocidos como 'indignados' del 15 M fue «organizado y coordinado por la Delegación del Gobierno».

La propia presidenta autonómica se ha pronunciado en contra de una acampada que, ha opinado, «hace polvo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños».

Pero todas estas reclamaciones parecen haber caído en saco roto. Y es que el delegado ha reivindicado que se trata de una concentración «pacífica», por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se centran en «velar por la seguridad ciudadana».

«Es el momento de la sensatez, del sentido común y de la convivencia democrática. He escuchado al alcalde de Madrid hablar de dejación de funciones. Me parece hasta obsceno escuchar algo así del alcalde de Madrid en este contexto, a alguien que se ha jactado de no hacer absolutamente nada en materia de vivienda», declaró ayer ante los medios de comunicación.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si se va a producir o no ese desalojo y cuáles son los plazos que maneja la Delegación en su caso, Martín insistió: «Se está desarrollando una acampada de manera pacífica, reivindicativa y absolutamente pacífica, nuestra labor como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es velar por la seguridad ciudadana y vamos a seguir velando por esa seguridad el tiempo que haga falta mientras se desarrolle esa acampada».

Así las cosas, el delegado del Gobierno no tiene intención alguna de desalojar esa acampada a pesar de la petición expresa que le han hecho las administraciones madrileñas, que se amparan en que las ordenanzas municipales prohíben expresamente la ocupación no autorizada de las vías urbanas con enseres o asentamientos.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno apela al carácter pacífico de la movilización y a la proporcionalidad de las actuaciones policiales para evitar intervenciones que puedan desencadenar disturbios mayores.