Madrid presenta alegaciones ante el Constitucional para que levante la suspensión de la Ley de acción popular

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que se levante la suspensión de la Ley que permite al Ejecutivo autonómico ejercer la acción popular en los casos en los que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el patrimonio histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos de interés general.

Lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, después de que esa ley quedara en suspenso a principios del pasado mes de septiembre tras un recurso presentado por Pedro Sánchez.

Ese recurso planteaba que la norma madrileña podría vulnerar el artículo 149.1.6ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal. Extremo que niegan desde la Puerta del Sol y recuerdan que, al amparo de una ley similar, el Gobierno autonómico se viene personando ya en casos de violencia sobre la mujer y atentados terroristas.

Así, en sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico defiende que la ley respeta las competencias estatales y que sólo habilita a la Administración autonómica para defender los intereses públicos de los madrileños vinculados a sus competencias.

El portavoz gubernamental ha recordado hoy que esta norma ha permitido a la Comunidad de Madrid personarse como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el incendio de Lozoyuela, declarado el pasado 16 de julio. Por estos hechos, un hombre de 52 años está siendo investigado como presunto autor de un delito contra el patrimonio natural.

Asimismo, la ley permitiría al Gobierno regional personarse en un eventual procedimiento penal que se abra en relación con los actos de vandalismo que han atentado contra el patrimonio cultural del entorno de la Puerta del Sol durante la acampada ilegal que aún permanece en la plaza. Entre los bienes afectados se encuentran la fachada de la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño, ambos declarados Bien de Interés Cultural.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recuerdan además que comunidades autónomas vienen ejerciendo la acción popular con normalidad en distintos procedimientos penales desde hace mucho tiempo, incluidos los casos de violencia contra la mujer y los relacionados con las víctimas del terrorismo, gracias a la misma habilitación legal que ahora se recurre.