Varias personas con banderas de Palestina irrumpen en la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España
Ayuso se blinda ante boicots públicos como el de la Vuelta que atentan contra deportistas e instituciones
También se podrá personar como acusación particular cuando se atente contra el patrimonio natural y se dañe el patrimonio histórico-artístico
La Comunidad de Madrid mueve ficha para blindarse ante boicots como el de la Vuelta Ciclista que atentan contra los deportistas y las instituciones. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejercerá la acción popular en los casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el patrimonio histórico-artístico o se cometan delitos destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha presentado el Anteproyecto de Ley que incorpora estos tres nuevos ámbitos de actuación competencial, con el objetivo de reforzar la protección de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas de especial gravedad.
Estos tres nuevos ámbitos competenciales se sumarán a los casos de violencia contra la mujer y de terrorismo en los que el Gobierno regional ya se persona para salvaguardar los intereses de las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad.
Con este objetivo, el Ejecutivo autonómico modificará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, a fin de habilitar el ejercicio de la acción popular en los procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su especial impacto territorial, revistan una gravedad significativa.
Asimismo, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, será objeto de adaptación para permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público.
Manifestantes a favor de Palestina cortan la vuelta ciclista.
En concreto aquellos que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos y acontecimientos de interés general, como la Vuelta Ciclista a España, cuya última edición se vio interrumpida en varias ocasiones por grupos de manifestantes, incluida la suspensión de la etapa final a varios kilómetros de la capital.
Por último, también se actuará sobre la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para incluir los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.
Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, el texto del anteproyecto recoge que no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir asimismo en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.
Protestas propalestna durante La Vuelta Ciclista a su paso por Madrid
Caducidad de las leyes
Por otra parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a revolucionar el actual sistema normativo con cambios pioneros que permitirán actualizar las leyes autonómicas de manera periódica, introduciendo fecha de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años.
El proyecto de decreto que regulará esta iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año, y que establece la obligatoriedad de llevar a cabo, al menos, una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo.
También se establecerá fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, es decir, las que se encargan de regular la Administración o entidad pública de manera interna.
No desarrollan sustantivamente materias jurídicas generales, sino que se limitan a explicar la manera de actuar y cómo se distribuyen los servicios.
