La nueva delegada lima asperezas con Ayuso y Almeida, pero no logra frenar las denuncias contra su antecesor

Apenas una semana después de que Francisco Martín dimitiera como delegado del Gobierno en Madrid, su sucesora, Pilar Trinidad, ordenó finalmente la madrugada del pasado martes la disolución de la acampada de la Puerta del Sol. Una decisión que le ha valido el aplauso tanto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como el de José Luis Martínez-Almeida, que llevaban desde el primer día implorando el desalojo de un campamento que siempre han considerado «ilegal».

Ayuso, en un comunicado grabado en vídeo tras conocer la noticia del desalojo, dio las gracias directamente a la nueva delegada, así como a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en el dispositivo, que se saldó con dos detenciones y 334 personas desalojadas.

Además, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, también expresó su deseo de recuperar las relaciones institucionales con la Delegación de Gobierno tras la llegada de Trinidad.

«Yo espero que esta delegada pueda recuperar las relaciones institucionales, no solo con la Comunidad de Madrid, sino con el resto de los ayuntamientos, relaciones rotas, porque el anterior delegado del Gobierno había hecho de esa Delegación una especie de cuartel político», afirmó.

No obstante, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local matizó que ese entendimiento dependerá de la actitud que tenga la delegada y de «cómo se relacione» con las instituciones bajo ese respeto que «nunca se debió perder».

Por su parte, desde el Gobierno municipal, su portavoz, Inma Sanz, reconoció ayer que «es de agradecer» el cambio de actitud en la Delegación del Gobierno respecto a la acampada, al tiempo que opinó que con el anterior delegado «hubiera sido imposible».

De esta forma, Trinidad ha conseguido en apenas unos días en el cargo algo que venía siendo inviable con Martín, que es contentar a las administraciones madrileñas con su gestión. Cabe recordar que las relaciones del exdelegado del Gobierno con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid a lo largo de los más de tres años y medio que duró su mandato fueron pésimas, con polémicas y acusaciones cruzadas constantes.

Sin embargo, ahora, con Trinidad a la cabeza, parece que el trato entre administraciones entra en una nueva fase en la que el entendimiento parece posible. Con todo, eso no ha provocado que los gobiernos madrileños se replanteen las denuncias que han anunciado que van a interponer contra Francisco Martín por su «inacción» con la acampada.

De hecho, la Comunidad de Madrid ha comunicado que va a incluir en la querella presentada contra el exdelegado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos los costes que ha supuesto para el Metro de Madrid la acampada en Sol.

Y es que el suburbano ha sido uno de los organismos más afectados por la acampada, sobre todo, por el cierre que el Ejecutivo regional se vio obligado a efectuar de la estación de Sol durante 34 horas para realizar una limpieza extraordinaria de los pozos de ventilación en la zona.

El alcalde de la capital tampoco tiene intención alguna de dar marcha atrás en la denuncia por la vía penal que anunció hace una semana que iba a interponer contra el exdelegado. «Su actuación va a tener consecuencias en la medida que dependa de nosotros, con esas actuaciones judiciales que vamos a llevar a cabo», aseguró ayer su portavoz.

Por último, Martín también se enfrenta a una denuncia análoga interpuesta por Vox, por lo que su futuro judicial, a pesar de su dimisión, se sigue antojando complicado, por mucho que, aparentemente, las relaciones entre la Delegación y los gobiernos madrileños se vayan encauzando.