Ayuso planta cara a la huelga educativa y lanza una batería de medidas para blindar las clases tras el pinchazo del 11N

«La profe, luchando, también está enseñando», reza una de las pancartas que a lo largo de las últimas semanas han podido verse en Madrid en el marco de la huelga educativa indefinida que arrancó el pasado 14 de octubre. Pero, es mentira, la 'profe' de huelga, no está dando clase y, por tanto, no está enseñando. Los alumnos madrileños ya han perdido cerca de 300.000 horas lectivas.

La preocupación por esta situación ha empujado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a dar un golpe en la mesa y anunciar, el mismo día del «castañazo» de la huelga general, una modificación de la orden de servicios mínimos para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

Así lo anunciaba este miércoles en rueda de prensa la propia consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien defendió estos cambios como «en interés superior del menor» y para «evitar que la prolongación de los paros comprometa la adquisición de los conocimientos y las competencias necesarios para la evaluación, la promoción y la titulación de los alumnos».

Esta nueva orden entrará en vigor la semana que viene tras celebrarse la reunión de rigor con el Comité de Huelga, que ya ha anunciado que solicitará medidas cautelarísimas ante la Justicia para pedir su suspensión, y está especialmente enfocada a los alumnos de 2.º de Bachillerato que tienen que enfrentarse el próximo mes de junio a la prueba de acceso a la universidad, así como a los estudiantes de últimos cursos de ciclo, es decir, 6.º de Primaria, 4.º de la ESO y segundos cursos de FP.

Así, en estos cursos se va a establecer un servicio mínimo reforzado de un profesor por cada 70 alumnos y, además, todos los profesores que impartan materias evaluables en la PAU en 2.º de Bachillerato deberán cubrir al menos el 50 % de las horas lectivas semanales de estas materias, un porcentaje que se incrementará hasta el 90 % a medida que se acerque la fecha de la prueba.

El texto también protege expresamente las actuaciones académicas no aplazables de estos centros, dictaminando que haya servicios mínimos para garantizar las sesiones de evaluación, las calificaciones, las decisiones de promoción o titulación, actas, reclamaciones o la gestión de documentación para la PAU, así como las pruebas de acceso a los ciclos de FP.

En paralelo a esa orden, el Ejecutivo va a mandar dos nuevas instrucciones a los centros para amortiguar el impacto de la huelga. Una de ellas recoge actuaciones para que la dirección de los centros pueda conocer con precisión la pérdida de actividad lectiva de cada grupo y materia para reorganizar la enseñanza durante el tiempo lectivo que resta del curso.

Entre ellas, figuran planes individuales de refuerzo para quienes acumulen mayor retraso, el acceso a las instalaciones escolares (como bibliotecas o aulas de informática) para aquellos que carezcan de medios en casa y una mayor dedicación a la tutoría y la orientación académica.

La segunda instrucción que llegará a las direcciones de área territorial, al servicio de Inspección Educativa y a todos los centros docentes públicos va a obligar a reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado, con el objetivo de evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento.

Así, se recuerda que no se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa.

«Se ha roto la convivencia, hay alumnos seriamente perjudicados y familias tremendamente preocupadas», lamentaba este miércoles la consejera del ramo, que reveló que el Gobierno ha recibido numerosas quejas de familias preocupadas por el impacto de la pérdida de clases en el futuro académico de sus hijos.

Aunque desde el Ejecutivo reconocen que el seguimiento de la huelga ha caído en picado desde su inicio, pasando de un 44 % a no llegar al 3 % en las últimas jornadas, han detectado, haciendo un análisis centro por centro, que, aunque en algunos el seguimiento es cero, en otros alcanza el 30 o el 40 % y es en esos centros donde van a centrar su plan de refuerzo.