Un joven pasa por la puerta del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) situado en la zona de Casa de Campo, en Madrid
Madrid carga contra el Gobierno por el reparto de menores: «Dejan los problemas para que otros los resuelvan»
El delegado de Políticas Sociales afirma que el Gobierno de Sánchez «no está cumpliendo ni las resoluciones ni las sentencias del Tribunal Supremo»
A escasos días de que se haga efectivo el reparto forzoso de menores decretado por el Gobierno de Sánchez, el Ayuntamiento de Madrid ha arremetido contra esta distribución «no equitativa» entre las comunidades autónomas del PP, en la que se ha dejado fuera a Cataluña y País Vasco.
El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, aseguraba que el Ejecutivo «no está cumpliendo ni las resoluciones ni las sentencias del Tribunal Supremo». Recordando que se trata de «personas», advertía de la necesidad de dar «una respuesta social» en lugar de «dejar los problemas para que otros lo resuelvan».
Está previsto que este 28 de agosto, el Consejo de Ministros de luz verde a la distribución forzosa de casi 4.000 menores contra el que la Comunidad de Madrid, junto a otras 10 autonomías —incluida Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE— presentaron un recurso que estudia el Tribunal Constitucional. Lo consideran mayormente arbitrario y que invade competencias exclusivas de los Gobiernos regionales.
«Vivimos en la polarización, no en la gestión por parte del Gobierno de España y en ese juego no entran los Gobiernos de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid ni los gobiernos del Partido Popular», afirma el concejal.
«Reparto injusto e insolidario»
Fernández suscribe la postura de la Comunidad, que «lo que está haciendo es reclamar». El pasado 31 de julio, el Gobierno de Ayuso recurrió ante el Tribunal Supremo el decreto por el que llegarán 647 menores, calificado por Madrid como reparto «forzoso y opaco», que cree estar «diseñado para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central».
En esa fecha, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, aludió al «reparto injusto, insolidario, que atenta a las competencias de las comunidades autónomas», el cual se trata de «un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas».
Así, defienden que no es fortuito que la mayoría de los menores sean asignados a Madrid o Andalucía, territorios donde ya se ha sobrepasado la capacidad de acogida.
