Familia y malos negocios, de los duques de Edimburgo a Begoña Gómez pasando por Ángel Ron

El 19 de junio de 1999 el príncipe Eduardo de Inglaterra se casó con Sofía Rhys-Jones. El nuevo matrimonio decidió compatibilizar sus funciones representativas con sus actividades comerciales. Sofía, unos años antes de la boda, había fundado RJH Public Relations, una agencia de Relaciones Públicas; y dos años después tuvo una reunión de trabajo con un supuesto jeque árabe en el hotel Dorchester de Londres. En realidad, el jeque era un periodista del News of the World y consiguió unas declaraciones de la condesa en las que ponía de vuelta y media a casi todos los miembros de la Familia Real. Un año después, Sofía de Wessex abandonó su empresa. Aquel 2002 supuso también el final de la carrera profesional del príncipe Eduardo, como productor de televisión. Ardent Productions se había visto envuelta el año anterior en la polémica cuando un equipo de su empresa invadió la vida privada del príncipe Guillermo mientras estudiaba en la Universidad. Eduardo se resistió, pero finalmente dimitió como director de su productora, que se disolvió siete años después. Desde entonces, los hoy duques de Edimburgo, se han dedicado en exclusiva a la Familia Real. Les va mucho mejor.

Sirva este Real ejemplo para analizar lo que le ha pasado a Begoña Gómez con Globalia en el mejor de los casos. Se pone a buscar patrocinio para sus programas y masters africanos y termina siendo el instrumento que utilizan los directivos de la empresa para lograr salvar la empresa. Lo que vamos conociendo de aquel rescate del Gobierno de Pedro Sánchez huele cada vez peor por los personajes que siguen apareciendo. Víctor de Aldama ya no es uno sino que son dos hermanos. La familia de Koldo García también se multiplica…

Cada vez parece más claro que los Hidalgo montaron Wakalua para «estrechar lazos» con la mujer del presidente

Cada vez parece más claro que los Hidalgo, que también son otro clan, montaron el hub turístico Wakalua para «estrechar lazos» con la mujer del presidente, con la que se vieron al menos en tres ocasiones. Pero esos lazos con la filial de Globalia, empresa creada en 2019, tomaron otro cariz con la pandemia en 2020. El patrocinio de los actos del IE African Center, que dirigía Begoña Gómez, dio paso a conversaciones referentes al sector turístico y, posteriormente a la importación de mascarillas y respiradores desde China a España.

Y claro en esa fase de las mascarillas reaparece con nuevos bríos Víctor de Aldama, presidente del Zamora F.C. que, en el curriculum que presentó a Globalia para que le contrataran como asesor se refería con toda ingenuidad, o quizá descaro, a las cuatro empresas que –¡Oh sorpresa!– han sido citadas en el sumario de la investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Así hemos conocido la existencia del Grupo Vivir, propiedad de Víctor De Aldama, que se dedicaba a la promoción inmobiliaria en las Islas Baleares –¡ay Francina!– en algunas de cuyas promociones participaba también el Grupo Avintia, propietario de Pachá Ibiza, empresa también rescatada por el Gobierno de Sánchez.

Pero como ya hemos dicho, Aldama estaba antes de las mascarillas en la cosa turística. No solo con sus empresas sino que, a través de Wakalua, y en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT), era un promotor sensible a la cosa en Baleares. Quizá ayudara que Aldama fuera Cónsul Honorario de Georgia –esto hay que investigarlo un poco más– y que el entonces secretario de la OMT fuera también georgiano. Gente de confianza.

Pero como el turismo se acabó con la pandemia, llegaron las mascarillas y Wakalua mutó su dedicación. Y Begoña Gómez les siguió ayudando. Javier Hidalgo, CEO de Globalia, ya no iba a necesitar disfrazarse de jeque árabe como el periodista de News of the World –que dicho sea de paso le sentaría muy bien– ni tampoco cambiar el objeto social de Wakalua –a China se iba en avión– para seguir trabajando con Begoña Gómez como así ocurrió. El problema fue que todo aquello le terminó salpicando por el entramado del caso Koldo y posterior rescate de Air Europa y Ávoris hasta que Globalia se la vendió al Grupo Barceló por un euro, Wakalua incluida.

La cercanía evidente al poder está convirtiendo a Begñoña Gómez en algo más complicado

Viene bien recordar que la mujer del presidente del Gobierno no desempeña ningún cargo público ni tiene encomendada tarea alguna en el ejecutivo. Al menos que sepamos. Pero su cercanía evidente al poder la está convirtiendo –a ella y al trabajo que desempeña– en algo más complicado incluso que las antiguas dedicaciones de los duques de Edimburgo. Y es que la trama Koldo sigue creciendo a medida que el sumario y la UCO se ponen las pilas.

Tan es así que esta semana María Jesús Montero destituyó a Javier Hurtado, director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, tras enviar un informe del «caso Koldo» a la Audiencia Nacional. No fue el único. El mismo 5 de febrero era también cesada Paloma Villaró, delegada especial de la AEAT en Aragón. Pero no es la vice primera la única que tiene líos en su Ministerio con Koldo. Al día siguiente, el ínclito Óscar Puente, ministros de Transportes, destituyó al Secretario General de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares por su relación con el aizkolari. Suma y sigue.

Pero la semana que acaba no ha sido solo intensa para los koldos. El expresidente del Banco Popular Ángel Ron, también ha tenido lo suyo. El lunes conocíamos que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le había decidido procesar junto a diez directivos de la antigua entidad financiera, a dos auditores de Price Waterhouse Cooper y a la propia firma, por los delitos de estafa y falsedad contable en la ampliación de capital que realizó el banco en 2016. Tras casi siete años de instrucción, el juez decía en su auto que «no alberga duda» de que los inversores que acudieron a la ampliación lo hicieron «engañados» por las cuentas del banco en 2015 y 2016 que no reflejaban la realidad contable de la entidad. Y que por tanto que hay indicios suficientes para abrir juicio a los principales directivos de la entidad. Además de Ángel Ron, a Roberto Higuera, Francisco Gómez, Francisco Sancha y Javier Moreno.

Pues bien, tres días después, otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado archivar provisionalmente la investigación sobre otra ampliación de capital del Popular, la de 2012 al no resultar «debidamente justificada la perpetración de delito alguno». Ron, que presentó recurso a la decisión de Calama, se ha sentido reforzado por los argumentos de Pedraz y la inspección del Banco de España, pero la partida aún no ha acabado. Permanezcan atentos a las pantallas.