El Gobierno se aferra a un resquicio legal para impedir la caza del lobo: «No puede haber controles letales»

El control poblacional de lobo en la totalidad de España continúa en un limbo jurídico de futuro incierto.

El depredador ha abandonado el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en el territorio nacional y ha pasado a ser de protección simple y por tanto sería gestionable; sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha advertido a los representantes de las comunidades autónomas en el consejo sectorial de medio ambiente celebrado este viernes que el cánido está en estado desfavorable en España y por tanto «no puede haber controles letales de la especie».

El Gobierno se remite al criterio de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024 que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio, por lo que el Ministerio advierte que las regiones que han «decidido volver» a la gestión previa a la entrada del lobo en el Lespre y tendrán que encargarse de las indemnizaciones por los daños de los lobos.

Transición Ecológica ha cifrado en 1.600-1.700 ejemplares en toda España –menos que el número de linces– e indica que se ha producido un «leve» incremento de las manadas, del 12%, con respecto al censo anterior. El Ministerio encabezado por Sara Aagesen reconoce que los datos «no eran homogéneos» dado que se basaban en las cifras comunicadas por las comunidades autónomas y algunas ofrecían números más actualizados. Aún así, apunta a que serán las comunidades autónomas las que tengan que aclarar si el número de manadas remitido entonces a Bruselas fue superior al real, porque si es así no habría habido ningún aumento de la especie en este último censo.

Además, incide en que en los últimos meses se han puesto en marcha planes de eliminación de lobos y que a Transición Ecológica le llegan cifras de «100 ejemplares computados», lo que supondría unas 20 manadas y dejaría la situación de la especie al mismo nivel que en 2019.

Según ha recogido Europa Press, fuentes de Transición Ecológica apuntan que los tribunales de las distintas autonómicos han aplicado criterios diferentes con lo que respecta a la gestión del lobo. Desde su punto de vista, tiene que haber una unificación de criterio en torno a la sentencia del TJUE.

El Gobierno ha puntualizado que las comunidades autónomas que han optado por la gestión del lobo previa a la entrada en listado de protección especial tengan que encargarse de las indemnizaciones por los daños de los lobos, aunque continuará aportando a través del Miteco los 20 millones de euros que destinaba a estas ayudas y aclara que se ha reunido con los sectores afectados por los ataques de los lobos para ver cuáles podrían ser las líneas prioritarias para este dinero.

Los datos del censo se remitirán a Bruselas antes de finales de julio. En opinión de Transición Ecológica, la única posibilidad de alcanzar las 500 manadas que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo será que el lobo recupere espacios donde había sido eliminado.

El pasado 5 de junio, el Consejo de la Unión Europea modificó la Directiva sobre los Hábitats que modifica el nivel de protección del lobo de especie «estrictamente protegida» a «protegida». Esta actualización adapta la Directiva al Convenio de Berna actualizado, el acuerdo internacional para la protección de las plantas, los animales y los hábitats en Europa. El nuevo estatuto ofrecerá más flexibilidad a los Estados miembros para gestionar las poblaciones de lobos. No obstante, son los Estados miembros los que han de garantizar el estado de conservación favorable del lobo y pueden seguir incluyendo al lobo como especie estrictamente protegida en su legislación nacional, y disponer medidas más estrictas para protegerlo.