Hacienda duplica el valor del suelo rústico para que los agricultores paguen más impuestos

Sin previo aviso, vía carta y envuelto en un clima de secretismo y poca transparencia. Este conjunto de detalles rodea la notificación del Ministerio de Hacienda a los propietarios de parcelas con suelo rústico, cuyo valor catastral se ha multiplicado de un día para otro.

«Los socios nos han trasladado las comunicaciones que han recibido y no apreciamos un patrón para saber qué orden o criterios sigue el Gobierno. La sensación es que estas revalorizaciones están llegando un poco a escondidas a propósito, de manera que no llamen demasiado la atención entre los agricultores. No es lo mismo notificar a un millón de personas a la vez que ir poco a poco», explica en conversación con El Debate Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Aragón.

La organización denuncia que el Ejecutivo ha implementado una revalorización del suelo rústico para que los propietarios de explotaciones agrícolas paguen más impuestos. 'El catastrazo', tal y como ha sido bautizado en el campo, consiste en una revisión al alza del valor catastral de las fincas.

Según ha constatado Asaja Aragón en una primera comprobación, la cifra catastral para los propietarios advertidos se ha multiplicado de media por 2,4 veces. Es decir, de un día para otro su propiedad -a efectos catastrales- vale más del doble, con la subida impositiva que eso conlleva.

Solanilla incide en que una de las modificaciones propuestas por su organización en la Ley de Agricultura Familiar es una fiscalidad diferenciada para las explotaciones familiares agrarias que les sirva como balón de oxígeno ante los elevados costes de producción a los que se enfrenta y que evite las penalidades de estos casos.

«Este incremento se va a trasladar directamente en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). El valor catastral de las parcelas en suelo rústico no variaba desde 1989. Al ser una modificación que llega desde el Ministerio de Hacienda damos por hecho que se produce en toda España y no solo en Aragón», lamenta Solanilla, que recuerda que en 2024 algunas comunidades autónomas habilitaron medidas para que los agricultores estuvieran eximidos del pagar el IBI para aplacar el impacto sufrido por la sequía: «Este año van a pagar el doble, por lo que la conclusión es que esa ayuda quedó en nada».

La reclamación de los agricultores critica las formas y el momento elegido por el Gobierno para acometer esta actualización. «Es evidente que si lleva igual desde 1989 habría que revisar el valor del suelo rústico, pero no ahora ni de esta manera. El campo necesita muchas cosas, pero no en esta dirección», condena el dirigente de Asaja, que destaca que el aumento del valor catastral no tiene implicaciones a efectos prácticos, «simplemente significa pagar más impuestos, tanto de IBI como cuando se produzcan compras y ventas».

El sector primario español convive con circunstancias especialmente delicadas, ya que a las dificultades para obtener precios rentables en origen, la amenaza de la competencia desleal y la excesiva carga burocrática se le han unido recientemente la crisis arancelaria y el posible recorte en la PAC (Política Agraria Común). «Este encarecimiento que repercutirá en el IBI viene una situación muy complicada. Cada vez cuesta más producir y los precios en origen no han subido en proporción. Los precios en la agricultura son muy malos. No hay más que ver lo que ha sucedido este año, donde habrá una gran cosecha de cereal en España y va a ser de las que menos beneficio va a dejar», asevera Solanilla, que carga contra las políticas gubernamentales que «asfixian cada vez más al campo y lo ponen en serio riesgo de abandono».