Medio año sin novedad con el lobo al sur del Duero: «Los ganaderos pagan el bloqueo del Gobierno»

La lucha de cuatro años para rebajar el estatus de protección del lobo ibérico, incluido en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), continúa pese a la mayoría obtenida en el Senado y posteriormente en el Congreso de los Diputados con el fin de poder gestionar la población del depredador.

La enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario impulsada por el PP y respaldada por Vox, PNV y Junts en marzo, hace ahora seis meses, fue la herramienta empleada por los partidos que pretenden que los ganaderos españoles puedan enfrentar una expansión que pone en riesgo a sus animales.

De esta manera, el lobo perdía su protección especial en España y quedaba permitida su caza al norte del río Duero, no así al sur, ya que para eso debía de modificarse la Directiva europea Hábitats. El Consejo de la UE dio el visto bueno a esta variación en junio, momento desde el cual España puede aplicar la disposición transitoria única que permite la salida del Lespre en todo el territorio nacional.

Medio año después del logro que ponía a tiro la caza del lobo en provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, que en 2024 sufrieron el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región–, los ganaderos del sur del Duero siguen sin poder defenderse del can.

«El Gobierno, a través del Ministerio de Transición para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), se agarra a todo tipo de maniobras para evitar la aplicación de la disposición transitoria que cambiaría la realidad con el lobo», apunta en conversación con El Debate Jorge Martínez Antolín, senador del PP por Palencia y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Martínez apunta al interés del Miteco en retrasar las reuniones pertinentes para pronunciarse sobre el estado de conservación del animal con el objetivo de ganar tiempo y continuar con el impedimento de gestión al sur del Duero. «En el momento que modificó la Directiva Hábitats se debería aplicar la disposición transitoria que permite la caza en todo el país de inmediato; sin embargo, el Gobierno está prolongando la ejecución. La pelota en su tejado, veremos cuánto son capaces de estirar esto porque el problema es evidente. La población del lobo continúa aumentando y los ganaderos pagan el bloqueo del Gobierno», lamenta el senador popular.

La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias sostienen que en 2024 un total de 5.985 cabezas de ganado murieron por ataques de lobo. Se trata de una cifra récord en Castilla y León, la región más afectada por el impedimento de gestión al sur del río Duero.

Estos datos representan un incremento de prácticamente un 40 % de las cabezas de ganado muertas respecto a los datos de 2021, año en el que el lobo entro en el Lespre.

Según el censo nacional del lobo de 2021-2024 publicado por el Miteco, las manadas solo han aumentado un 12 % respecto a 2024, de 297 a 333, lo que muestra «un crecimiento y una expansión moderada de la especie en los límites de su distribución», aunque no lo suficiente como para alcanzar las 500 manadas que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado alude a que las actuaciones del Miteco responden a una estrategia para mantener la protección del lobo que determinaba la antigua Directiva Hábitats y así no generar fricciones en la coalición. «Que el Gobierno aplique las modificaciones depende de ellos, aunque si sigue así probablemente llame la atención de Bruselas, y lo que es peor, mientras tanto el lobo sigue haciendo sangre en las ganaderías», asevera Martínez.