El gran globo de las 17.000 fincas rústicas de Sánchez de las que nadie sabe nada

«nuevas oportunidades» y «todas las facilidades posibles». Esta fue la ornamentación elegida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto celebrado en el iHub La Vega Innova (San Fernando de Henares, Madrid) en el que anunció a bombo y platillo que el Ejecutivo movilizará tierras agrarias del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores.

El dirigente socialista apuntó a las dificultades de acceso a la tierra como uno de los principales obstáculos al relevo generacional. El envejecimiento de los responsables de las explotaciones destaca como una de las principales preocupaciones de los agrarios en los últimos tiempos, ya que el 40 % de estos titulares tiene más de 65 años de edad y sólo el 9% tiene menos de 41 años; sin embargo, la creación de una plataforma que ponga 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado en el mercado genera muchas dudas entre los potenciales beneficiarios.

«De estas fincas no sabemos nada más de lo mencionado públicamente por el presidente del Gobierno». Esta es la respuesta común ofrecida por los líderes de las tres principales organizaciones profesionales agrarias, Pedro Barato (Asaja), Miguel Padilla (COAG) y Cristóbal Cano (UPA), al ser cuestionados por la medida durante su comparecencia conjunta para revelar el calendario de manifestaciones del sector; es decir, esta concesión del Gobierno se produce en mitad de un elevado clima de tensión con el campo.

«La idea, en teoría, está muy bien. Eso sí, ¿cómo son estas fincas? Porque si es secano rabioso mejor que no se las den a nadie porque es inservible», añade Padilla, que abre el debate que se plantean los agrarios. «El anuncio está muy bien, pero todo es muy difuso. Sánchez dice que pondrán a disposición de los ciudadanos 17.000 fincas rústicas del Estado, aunque 'fincas rústicas' como tal no es un concepto legal y nadie sabe a qué se refiere», indica en conversación con El Debate Regino Coca, consejero delegado de Cocampo, plataforma para la compra, venta y arrendamiento de fincas rústicas.

Coca destaca la falta de precisión del Ejecutivo para describir un plan que, a su juicio, está plagado de grietas. «Una finca rústica puede ser desde una referencia catastral, que en ese casco 17.000 sería una buena cifra, a parcelas de bosque, que es puro monte y no tendría relevancia».

La incertidumbre ronda sobre estos miles de fincas de la Administración de las que nadie sabe nada: «No hay información sobre lo que el Gobierno dice que va a movilizar, qué superficie total hay, dónde están esos terrenos, cómo son, si tienen acceso a agua o no, ni en qué estado se encuentran», señala Coca, que incide en que todas estas variables son determinantes para valorar la estrategia.

Según datos proporcionados por Cocampo, la Administración Pública es el mayor tenedor de suelo rústico del país con más de 8 millones de hectáreas de montes, dehesas y fincas rústicas –en torno al 16 % del territorio nacional–. Las entidades locales gestionan aproximadamente 6,22 millones de hectáreas a través de ayuntamientos, diputaciones y cabildos, por lo que para el Gobierno central quedan 1,78 millones de hectáreas, de las que hay que restar 391.584 hectáreas de los Parques Nacionales, 135.000 hectáreas de campos de maniobras gestionadas por el Ministerio de Defensa, y 3.050 hectáreas de suelo estratégico destinado a vivienda e industria. Es decir, quedan algo más de 1,25 millones de hectáreas de las que hacer este reparto.

«Estas propiedades proceden de restos de expropiaciones, lo que da lugar a muchas parcelas a pie de infraestructuras de transporte y con poca utilidad, o de propietarios que mueren sin herederos ni testamento y cuyas tierras pasan a ser del Estado por ley, por lo que las parcelas muy probablemente no sean las más golosas del mercado. Hay un desconocimiento total sobre esta acción del Gobierno», recalca Coca, que ensalza la idea, aunque advierte de sus carencias: «El propósito suena bien, pero la realidad es que no existe un inventario público único, interoperable y accesible que permita conocer con precisión cuántas hectáreas están disponibles, en qué condiciones, con qué aptitud agraria o forestal y bajo qué fórmulas podrían ponerse en producción».

El desconcierto que rodea al apoyo repentino de Sánchez por el relevo generacional se encuentra en la propia burocracia inconvenientes determinantes par su puesta en marcha.

«La escasa información aportada por el Gobierno respecto a esta comunicación no deja claro si esta trasmisión a jóvenes agricultores va a ser vía venta, cesión o arrendamiento. El trámite legal para que el Estado figure como propietario y sea legalmente capaz de transmitir ese bien es muy complejo. Hacerlo de forma masiva con 17.000 propiedades se antoja inasumible», asevera el consejero delegado de Cocampo, que concluye que «las dudas son innumerables».