La cúpula de la Comisión Europea da la razón a los agricultores españoles mientras Sánchez y Ribera callan

Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos contra las directivas marcadas desde la Unión Europea (UE) se han convertido en mucho más que un simple ruido de fondo para los dirigentes continentales.

El grito de auxilio del campo, que apunta a la asfixia que producen los acuerdos comerciales con terceros países, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2024 propuesto por la Comisión Europea, retumba en los pasillos de Bruselas.

La invasión agraria en la capital belga del pasado 18 de diciembre, con cientos de tractores y miles de personas a las puerta del Parlamento Europeo, ha mostrado la compleja realidad en las explotaciones y ha obligado a la reflexión en el gabinete encabezado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, y Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio, dos de los peces gordos en la institución y con más autoridad en las discusiones que conciernen a la actividad agrícola, han liderado las modificaciones que –aunque en algunos casos los agrarios las consideran insuficientes– ofrecen más garantías a los productores españoles y europeos.

Según trasladan fuentes de las organizaciones profesionales agrarias presentes en Bruselas, la comunicación con la cúpula de la Comisión Europea ha sido fluida y beneficiosa en unos tiempos de extrema delicadeza ante el cierre del acuerdo con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil); sin embargo, el trato ha sido completamente opuesto con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea –y exministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico con Sánchez–, y Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«Hansen y Šefčovič nos han escuchado y han trabajado para ceder en muchas cosas. Las garantías del pacto final con Mercosur, aunque la gran mayoría de los agricultores españoles sigamos sin verlo con buenos ojos, no tienen nada que ver con lo que se planteó al principio. Los comisarios europeos han respaldado iniciativas del campo español mientras que Sánchez, Ribera y Planas nos han ignorado», indica este representante agrario, que ahonda en que durante el intenso período de negociación el trío de políticos españoles –además de apoyar de manera incondicional el acuerdo con Mercosur– ha hecho caso omiso a las comunicaciones del campo español: «Hemos enviado varias cartas a Sánchez, Ribera y Planas y nos hemos obtenido respuesta».

La actitud de los representantes políticos españoles con los agricultores y ganaderos dista considerablemente de la mostrada por actores trascendentales como Hansen y Šefčovič: «Sobre la alianza con Mercosur, los comisarios reconocieron que existían cuestiones pendientes de resolver en relación con las salvaguardias e insistían que la Comisión había ido más lejos que nunca en la protección al sector agrícola dado el valor que otorgaban al trato. De Sánchez y compañía no tenemos noticias, solo su interés por aprobar el tratado a toda costa».

Esta escucha que sí han realizado los comisarios europeos se demuestra con la rectificación sobre la inclusión de los fertilizantes en el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono). La medida ordenada desde Bruselas –y enmarcada en el Pacto Verde– fija un precio al carbono emitido durante la producción de mercancías, lo que provoca un encarecimiento de los costes fijos.

Esta estrategia supondría un sobrecoste de entre 40 y 100 euros por hectárea para algunos cultivos, en función de la tipología y del nivel de fertilización. La Comisión ha deslizado a los interesados que retrasará dos años la cuestión del CBAM, por lo que ese incremento previsto se aplaca gracias en buena parte a la queja de los agricultores españoles.