Los productores de tomate piden un permiso especial al Gobierno para utilizar fitosanitarios

Los agricultores de Agama Bajo Guadalquivir han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una autorización excepcional para, ante «una campaña que se aventura complicada», poder emplear materias activas que ayuden el desarrollo del cultivo.

Los productores andaluces apuntan a las dificultades que experimentarán tras el periodo de intensas lluvias, que puede dar lugar a la proliferación de plagas y enfermedades precisamente en un momento en el que la industria les propone precios de contratación a la baja.

La delegación de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos sostiene que que el mantenimiento del estado sanitario no es una cuestión accesoria, sino un factor determinante para garantizar rendimientos, calidad y estabilidad productiva, «y más aún en una nueva campaña donde el precio de contratación por parte de la industria vuelve a ser inferior a los costes de producción, incumpliéndose la Ley de mejora de la cadena alimentaria y viéndose obligados los agricultores a tirar adelante con las siembras del cultivo ante la falta de alternativas».

La organización ha demandado la autorización de Metribucina y Spirotetramat, materias activas para el control de malas hierbas en las primeras fases del desarrollo del tomate, donde la competencia por los nutrientes compromete la implantación del cultivo y afecta sobremedida al potencial productivo del cultivo; así como para el control de plagas de insectos, especialmente la plaga de Aculop lycopersici (eriófido del tomate) y otros insectos chupadores que provocan gran incidencia en el desarrollo del cultivo en buenas condiciones y generan pérdidas muy elevadas.

«Los agricultores ya han recibido un duro palo con la imposibilidad de siembra de remolacha azucarera, y en cuestión de esta campaña de cultivo de tomate igualmente tienen que ver como parte de la superficie de siembra en el Bajo Guadalquivir se deslocaliza, trasladándose a zonas de Extremadura, todo ello por decisión unilateral de la propia industria», lamenta desde Agama Bajo Guadalquivir.