Los pequeños agricultores atacan las grandes políticas ambientales por favorecer a los fondos de inversión

La brecha entre la realidad que impera en el campo y la que se aprecia desde las instituciones que deciden cómo actuar en el terreno sacude a la agricultura y la ganadería familiar.

La sensación en las explotaciones, tal y como denuncia la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), es que los legisladores olvidan el papel de los agrarios tradicionales para construir tejido económico productivo, cuidar del medio ambiente y favorecer la biodiversidad.

«Las grandes políticas ambientales se siguen diseñando con escasa participación real del sector. Mientras los fondos de inversión y las grandes corporaciones agroindustriales ganan peso en la definición de la agenda agroambiental, la agricultura familiar —la que produce alimentos de proximidad, la que fija población en los pueblos y la que gestiona la mayor parte del territorio rural español— acumula obligaciones sin respaldo suficiente», reprocha la organización agraria.

Los agricultores apuntan las personas como valor sobre el que implementar las estrategias agrarias, ya que consideran que los planes nacionales y europeos más ambiciosos no ponen el foco sobre sus problemas más inmediatos: «Si se vacían los pueblos, también se degrada el territorio. Eso no se refleja en los modelos de carbono, pero es una realidad que cualquier agricultor conoce bien».

La organización insiste en que la agricultura familiar es uno de los instrumentos más eficaces de adaptación y mitigación frente al cambio climático: «Mantiene caminos, gestiona pastos, preserva razas autóctonas, promueve la polinización, reduce el abandono de tierras que provoca incendios y sostiene comunidades rurales que de otro modo desaparecerían», recalca UPA, que destaca que los responsables de negocios agrarios familiares son los que siembran, pastorean y mantienen los paisajes que Europa pretende proteger: «Si hay una transición ecológica real en el campo, tiene que pasar por nosotros».

El fenómeno que critica UPA, que condena la pérdida de agricultores y ganaderos de toda la vida en favor de fondos de inversión que utilizan las explotaciones como un simple negocio y una cuenta de resultados, se evidencia en el censo agrario publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2009, el censo registraba 989.796 explotaciones, por las 914.871 de 2020. Esta reducción choca en el aumento de la superficie agraria útil, que subió 161.000 hectáreas. Además, las explotaciones que superan las 100 hectáreas crecieron casi un 9 % desde 2009 y, pese a representar únicamente el 6,09 % del total, controlan el 58 % de la superficie agraria útil, lo que evidencia que el campo se reparte cada vez entre menos propietarios. El Balance Agrario 2024 de COAG precisa que, según datos del Ministerio de Agricultura, un 6,6 % de sociedades jurídicas –en los que se encuadran los fondos de inversión de capital riesgo– acaparan el 42 % del valor de la producción que se genera en el campo español.

UPA valora positivamente que España cuente con una estrategia propia para cumplir con el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza; sin embargo, advierten que esta hoja de ruta solo será eficaz si se cuenta con el sector.

«Los agricultores y ganaderos gestionan la mayor parte de los ecosistemas terrestres que ese plan pretende restaurar. Sin su implicación activa en todos los niveles, cualquier objetivo de restauración será papel mojado», asevera en la organización, que exigen la participación de los agrarios en un despliegue totalmente independiente de la Política Agraria Común (PAC): «Utilizar estos fondos como palanca de financiación de la restauración supondría trasladar al agricultor los costes de una política ambiental que es responsabilidad del conjunto de la sociedad», concluyen.