Paquete de huevosEuropa Press

La Justicia de EE.UU. pone coto a «la conspiración de los huevos» que inflaba artificialmente los precios

El Departamento sostiene que las compañías implementaron una estrategia para condicionar alterar el mercado a su favor

El precio de los huevos en Estados Unidos ha sufrido importantes variaciones en los últimos tiempos. La crisis por la gripe aviar aparece como el principal motivo de estas oscilaciones; sin embargo, la Justicia norteamericana advierte de un posible cártel que operaba para fijar la cotización por encima de lo que correspondía.

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU., en colaboración con 17 fiscales estatales, ha presentado una demanda contra tres de los productores más importantes del país por ejercer un cártel para fijar el precio de los huevos.

La demanda señala a Cal-Maine Foods, Hickman's Egg Ranch y el grupo Versova, formado por Centrum Valley Holdings, Versova Holdings y Versova Management Cooperative. La acusación apunta que estas empresas coordinaron sus estrategias de compra en el mercado mayorista para influir de manera artificial en las cotizaciones de Urner Barry Publications, una firma especializada en información de mercados cuyas referencias sirven para fijar el precios de los huevos que pagan supermercados, restaurantes y otros distribuidores en EE.UU.

El Departamento de Justicia sostiene que las compañías implementaron una estrategia para condicionar alterar el mercado a su favor. Entre otras prácticas, habrían presentado un elevado número de ofertas de compra, coordinado la participación simultánea de varias empresas para distorsionar la demanda y concentrar esas ofertas en las horas previas a la publicación de las cotizaciones diarias. Además, muchas de esas pujas, según la demanda, estaban diseñadas para no llegar a materializarse en operaciones reales, mientras que las transacciones que sí se cerraban se realizaban a precios superiores a los habituales, reforzando así la escalada de las referencias del mercado.

Las autoridades consideran que este comportamiento alteró el funcionamiento normal de la competencia y terminó repercutiendo en millones de consumidores. Cada año se venden miles de millones de huevos cuyos precios están vinculados a las cotizaciones de Urner Barry, por lo que la variación en ese indicador deja un efecto directo sobre el coste que asumen comercios y, en última instancia, las familias estadounidenses.

Uno de los aspectos que destaca la acción judicial es que las cotizaciones comenzaron a descender de forma significativa después de que las empresas tuvieran conocimiento de la investigación federal y recibieran, en marzo de 2025, la orden de conservar toda la documentación relacionada con sus operaciones. Para el Departamento de Justicia, esa evolución constituye un indicio adicional del impacto que la supuesta coordinación tenía sobre el mercado.

«Ningún producto representa mejor la asequibilidad que el precio que los estadounidenses pagan por los huevos», afirmó el fiscal general adjunto Stanley Woodward, quien subrayó que el objetivo de estas actuaciones es proteger la competencia y aliviar el coste de la vida para los consumidores.

Los acuerdos propuestos prohíben a las empresas intercambiar información con sus competidores sobre estrategias de puja, precios, número de ofertas o transacciones destinadas a influir en los índices de referencia del mercado. Asimismo, deberán implantar programas internos de cumplimiento de la normativa de competencia, designar responsables específicos para supervisar su aplicación, vigilar las actividades de cooperativas y empresas conjuntas e informar de cualquier posible incumplimiento.

Antes de entrar en vigor, los acuerdos deberán superar el proceso previsto en la Ley Tunney, que incluye un periodo de 60 días para la presentación de comentarios públicos y la posterior revisión por parte del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Iowa. Si el juez considera que las medidas responden al interés público, las restricciones pasarán a ser obligatorias para las empresas demandadas, en un caso que ya ha sido bautizado por algunos medios estadounidenses como «la conspiración de los huevos».