La advertencia de un agricultor hace cuatro años sobre la gestión forestal: «Las políticas son incendiarias»

España arde y, aunque en este verano de 2026 ya haya sido testigo del mayor incendio forestal de su historia, se trata de una trágica historia que se repite en mayor o menor medida un año tras otro.

La convivencia con el fuego es, desde el inicio de los tiempos, una de las mayores batallas para los que dedican su vida a la agricultura y la ganadería. La biodiversidad y la presencia de cabras, ovejas y vacas en los montes son sinónimos de vida; mientras que el humo y las llamas representan todo lo contrario, la muerte y la destrucción de un patrimonio económico y cultural irrecuperable.

Aquellos que viven de lo que les entrega el campo, en zonas similares a las afectadas por los incendios en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo –cuyas llamas calcinan ya más de 77.000 hectáreas– reclaman atención y herramientas para prevenir estas situaciones catastróficas que se dan cada verano en España.

El grito se hace más fuerte que nunca en momentos de crisis como el actual; sin embargo, la crítica que exige menos burocracia y más conocimiento del terreno frente a un discurso alejado de la realidad e ideologizado se mantiene desde hace años en el campo.

Así lo reivindicaba en agosto de 2022 Ángel Samper, entonces secretario general de Asaja Aragón, en un artículo que cuatro años después se reconoce de plena actualidad y recoge buena parte del argumentario que hoy siguen como prioridades de los agrarios.

«Las administraciones publicas con sus acciones y omisiones también se comportan como incendiarios quemando las esperanzas, ilusiones y proyectos de vida en el territorio», apuntaba Samper en un editorial en el que condenaba las dificultades para poder gestionar el monte: «Con sus actuales políticas, las administraciones públicas han creado un auténtico polvorín (...) Los bosques españoles han multiplicado por 2,5 su extensión en los últimos 80 años y por 3 sus stocks de biomasa en los últimos 50 años. Ello no quiere decir que haya más y mejores bosques o más y mejor biomasa, sino todo lo contrario».

El que fuera dirigente de la organización profesional agraria y posteriormente consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Aragón señaló que «las actuales políticas son incendiarias». «En España menos de una tercera parte del presupuesto que se destina a la gestión de los montes va destinado a medidas de prevención y extinción de incendios. Un verano tras otro asistimos desolados a incendios en toda nuestra geografía. ¿Por qué no se aborda con seriedad este gravísimo problema? La pasividad de la Administración carece de toda explicación lógica», condenó.

El tono del editorial publicado en 2022 cuenta con las principales peticiones que en julio de 2026 y después del mayor incendio forestal sufrido en España se reiteran con insistencia desde las explotaciones: «La Administración Pública ha transformado su papel de servidor público por el de policía que en vez de dedicar su tiempo a controlar a los malos hace la vida imposible a los buenos. No hay ningún sector productivo tan fiscalizado, perseguido y controlado como el agrario y ganadero».

El texto de Samper criticaba duramente a Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea y en aquel momento al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al considerar que «sus políticas de despacho desconocen por completo la realidad del Mundo Rural y por tanto no pueden dar respuesta a los problemas que padecemos».

El agricultor expresó una sensación de abandono en el gremio se ha repetido en los últimos días, con la denuncia de que «quienes tendrían que ayudar se dedican a poner piedras en el camino». Como en agosto de 2022, las exigencias actuales apuntan al incremento de la dotación presupuestaria, apoyo al emprendimiento para que los que están en las zonas rurales no se vayan, incentivos a la familia y a la natalidad, exenciones de impuestos en el medio rural y respaldo a la ganadería en general y específicamente a la extensiva, así como la rebaja de las demandas burocráticas.