Agricultor marroquí junto a un tractor en la localidad de Sidi Slimane, a 120 kilómetros de RabatAFP

Agricultura

La vinculación de Marruecos con el PSOE para colar sus tomates en la UE con preferencia sobre los españoles

Los productores nacionales denuncian que las facilidades al tomate marroquí hunden su rentabilidad

La reciente presión migratoria registrada en la frontera de Ceuta ha reabierto la brecha entre el sector primario español y la política exterior desplegada con Marruecos. Según analiza ESdiario, la tensión en la ciudad autónoma ha vuelto a situar en el centro del debate las concesiones al régimen de Mohamed VI y el malestar de las explotaciones nacionales ante un socio comercial cuyos productos hortofrutícolas impactan de lleno en la rentabilidad de las huertas de nuestro país.

En este contexto, el sector agrario vuelve a señalar los trabajos revelados por el citado medio sobre Acento Public Affairs —fundada por el exministro socialista José Blanco y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, con participación del exdirigente popular Alfonso Alonso hasta la venta de la firma en febrero de 2026—.

En 2024, la firma asumió la representación de la Embajada de Marruecos para defender los intereses alauitas en Bruselas, coincidiendo con el varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los acuerdos agrícolas comunitarios.

La labor de intermediación se enfocó directamente en abrir las puertas del mercado europeo al tomate marroquí, una hortaliza que compite frontalmente con la producción de regiones clave como Almería, Murcia o la Comunidad Valenciana.

Para los agricultores españoles, el incremento del flujo de este tomate supone una competencia desleal devastadora. Mientras los productores nacionales hacen frente a estrictas exigencias fitosanitarias, normativas ambientales exigentes y costes laborales al alza, las importaciones del norte de África entran con costes y exigencias mucho menores.

El campo contra el «lobby» marroquí

Tal y como subraya ESdiario, aunque estas labores de cabildeo institucional se enmarcan en la legalidad, el hecho de que exdirigentes políticos hayan cobrado por reforzar la voz del tomate marroquí ante las instituciones europeas resulta inaceptable para el campo español.

La crisis de Ceuta reaviva así el enfado de los agricultores, que observan cómo las alianzas de influencia y la postura diplomática con Rabat terminan sacrificando la viabilidad de la agricultura nacional.