El laberinto legal de la UE para meter el Sáhara en el acuerdo con Marruecos

El acuerdo Euromediterráneo que establece una alianza comercial entre los Estados miembro de la Unión Europea (UE) y Marruecos está más vigente que nunca.

25 años después de su entrada en vigor, esta asociación se adentra en un nuevo escenario ideado de manera minuciosa por la Comisión Europea para sortear la sentencia del 4 de octubre del 2024 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que considera ilegal la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental en el trato UE-Marruecos.

Tal y como adelantó El Debate el pasado junio, la UE ha trabajado durante meses para trazar una estrategia que, ajustándose a la sentencia citada, permitiese mantener los cultivos del Sáhara en el acuerdo con Marruecos. El trato se ha cerrado a unos pocos días del final de los 12 meses de gracia para la aplicación del dictamen del TJUE.

Los agricultores españoles temían este movimiento al considerar que el vecino del sur ejerce competencia desleal contra sus producciones; sin embargo, la Comisión Europea ha actuado mediante procedimiento de urgencia, por lo que no tiene que pasar por el Parlamento Europeo para cerrarse y únicamente requiere la ratificación del Consejo.

Según la propuesta del Consejo a la que ha tenido acceso este diario, las negociaciones de la UE con Marruecos fueron veloces. El Consejo autorizó a la Comisión a entablar conversaciones con el reino de Mohamed VI el 10 de septiembre –a menos de un mes de terminar el plazo para aplicar la sentencia– y la rúbrica se produjo el 15 de septiembre.

La premura para alcanzar un consenso, y el poco margen con la fecha límite, evidencia las sospechas de los agrarios españoles: la Comisión habría trabajado en secreto con los Estados miembro y de espaldas al campo para asegurarse que los países no bloquearán el plan. «Como los afectados solo son España y Francia habrán acordado con el resto de que no se interpongan en esto», apunta fuentes presentes en Bruselas.

La jugada de la UE para hacer que sus intereses y los de Marruecos quepan en la sentencia del TJUE pasa por contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental para explotar naturales del territorio. El Consejo sostiene que, en el caso de un territorio no autónomo como el Sáhara Occidental, basta con obtener su consentimiento «de manera implícita». Según la UE, se puede presumir el consentimiento siempre que el acuerdo «no de lugar a ninguna obligación para dicho pueblo y que este obtenga un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales del territorio, proporcional al grado de dicha explotación».

El Consejo subraya en su propuesta que la expiración del trato UE-Marruecos supondría un perjuicio para los saharauis, ya que el acceso preferencial de frutas, hortalizas, pescados y mariscos para el Sáhara contribuye a sostener la economía local. El ente europeo estima que, en 2023, la alianza creó más de 49.000 puestos de trabajo directos en el Sáhara Occidental, lo que representa alrededor del 18 % de la población activa del territorio.

Asaja y Coag, las dos principales organizaciones profesionales agrarias en España, han trasladado que iniciarán acciones legales si es necesario para frenar esta maniobra de la UE para regatear la sentencia del TJUE que declara ilegal la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental en el trato UE-Marruecos.