La gestión ideológica del lobo hace sangre con un ganadero: «Cinco ataques en 12 días no son convivencia»

La expansión poblacional del lobo en España choca con las acciones implementadas desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que el depredador se encuentra en un estado de conversación desfavorable, motivo por el que no aplica la disposición transitoria única que exige la normativa europea y que sacaría al animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y permitiría su gestión cinegética en todo el territorio nacional.

Los ganaderos denuncian posición «cínica e incomprensible» del Ministerio que encabeza Sara Aagesen, que defiende un estado de conservación en caída cuando se suceden ataques graves y reiterados en las explotaciones.

Asaja indica que el censo coordinado por el Ministerio contabiliza 333 manadas en España, un 12 % más que en el anterior, y reconoce una expansión moderada de la población y de su área de distribución. "El Miteco fundamenta, sin embargo, su posición desfavorable en que no se alcanzan las 500 manadas que considera referencia para asegurar la viabilidad genética a largo plazo (...) No es razonable que el Ministerio se aferre a una interpretación restrictiva sin dar el peso suficiente a la evolución reconocida por su propio censo, al criterio ampliamente mayoritario de las comunidades autónomas y a una realidad de ataques graves y reiterados que los ganaderos sufren cada día sobre el terreno», condena la organización.

Los agrarios exponen el caso de Javier García, ganadero de San Bartolomé de Pinares (Ávila), que ha sufrido cinco ataques de lobo en 12 días, con cinco animales muertos, uno desaparecido y otro herido. El ganadero cuantifica en una treintena los animales muertos en el último año, lo que deja un agujero de unos 30.000 euros. En uno de los últimos ataqies, el ganadero incluso encontró al lobo alimentándose de una res a última hora de la mañana, a plena luz del día.

«Cinco ataques en doce días no son convivencia. Son la evidencia de un problema de gestión que obliga a actuar», lamentan en Asaja Ávila.

Los afectados por los ataques destacan la dificultad para acreditar estos sucesos, ya que la desaparición del animal o la actuación de buitres y otros carroñeros puede alterar los restos antes de la inspección e impedir posteriormente la certificación del ataque.

«No puede exigirse al ganadero una prueba imposible y utilizar después la ausencia de esa prueba para concluir que el daño no existe», subrayan en la organización, que además recuerda que la Unión Europea (UE) ya ha rebajado el estatus del lobo de especie «estrictamente protegida» a «protegida», para proporcionar mayor flexibilidad a los Estados en la gestión de sus poblaciones, manteniendo al mismo tiempo la obligación de garantizar su conservación.

«Asaja no cuestiona que el lobo deba conservarse. Lo que no aceptamos es que esa conservación se haga a costa del ganado, de la renta y del futuro de las explotaciones. Los ganaderos no pueden seguir pagando de su bolsillo una política de conservación diseñada por el Gobierno de España cuyos costes terminan soportando ellos. Donde los ataques son reiterados y la presión sobre la ganadería resulte insoportable, hay que gestionar, controlar y reducir esa presión», concluyen.