Detalle de la placa de entrada en la sede de la Fundación Francisco Franco
El TSJM rechaza la suspensión inmediata del proceso contra la Fundación Francisco Franco
La alta instancia judicial de Madrid rechaza la petición de la Fundación Franco de frenar su extinción, iniciada por el Ministerio de Cultura
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la petición de medidas cautelares urgentes formulada por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para paralizar el procedimiento administrativo que el Ministerio de Cultura impulsa para solicitar judicialmente su extinción.
Según Europa Press, los magistrados argumentan que no concurren circunstancias de urgencia que justifiquen actuar sin escuchar previamente al Abogado del Estado, representante del Ministerio de Cultura. Las llamadas medidas cautelarísimas solo proceden cuando existe un riesgo inminente de perjuicios irreparables, señala el tribunal.
La fundación había recurrido la resolución de la Subsecretaría de Cultura del 16 de febrero, que había inadmitido un recurso de alzada previo. Además, el Ministerio había rechazado la declaración como testigos de siete historiadores propuestos por la entidad. En su solicitud, la FNFF pedía la suspensión inmediata de la resolución administrativa, alegando daños irreversibles como la pérdida de su personalidad jurídica, el deterioro reputacional y la frustración de sus fines fundacionales.
El tribunal concluye que la urgencia alegada no se demuestra, ya que el recurso se dirige a una resolución interlocutoria y las cuestiones planteadas pueden abordarse en el curso normal del procedimiento. No obstante, se ha abierto una pieza separada para estudiar las medidas cautelares por el trámite ordinario, con un plazo de diez días para que el Abogado del Estado presente alegaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El conflicto se remonta a junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura inició acciones legales amparadas en la Ley de Memoria Democrática y la ley de Fundaciones. La FNFF defiende que no ha incurrido en apología del franquismo ni en expresiones humillantes hacia las víctimas, y sostiene que la extinción vulneraría derechos fundamentales como la libertad de expresión ideológica y el artículo 34 de la Constitución.
La fundación subraya que esta es la primera vez en democracia que se enfrenta a un riesgo real de desaparición, tras más de cinco décadas de actividad. Por su parte, el Ministerio de Cultura mantiene que el procedimiento busca garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de memoria democrática.
