Ley de nietos: quién debe decidir el futuro de España

El 22 de octubre de 2025 se cerró el plazo de la llamada ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitía optar a la nacionalidad española a los descendientes de quienes se exiliaron durante la Guerra Civil y el franquismo. Las solicitudes rondan ya los 2,6 millones. En septiembre, el Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar la inscripción en el censo de residentes en el extranjero de los nuevos españoles que no hayan acreditado el exilio de su antepasado. Desde las generales de 2023, ese censo ha crecido en más de 408.000 electores.

La ley exigía que el abuelo hubiera perdido la nacionalidad a causa del exilio. Una instrucción del Ministerio de Justicia se conformó con que fuera español de origen. Así han obtenido el pasaporte nietos de gallegos y asturianos -entre otros- que se fueron a hacer las Américas mucho antes de que hubiera guerra de la que huir. Entre 1880 y 1930 emigraron más de cuatro millones de españoles; México, el gran refugio republicano, acogió a unos 40.000 exiliados. Una ley pensada para reparar a unos pocos se ha aplicado de forma que beneficia a millones. Un fraude de ley en toda regla.

Desde España, el asunto suele leerse como un episodio más de la guerra por la memoria histórica, o como pura aritmética electoral. Algo de las dos cosas hay. Ahora bien, en el fondo del asunto hay una pregunta que la filosofía política lleva siglos intentando responder: ¿qué hace a alguien ciudadano? Y, sobre todo, ¿quién debe tener voz en las decisiones de un país?

Tres maneras de ser vecino

Pensemos en una comunidad de vecinos. ¿Quién debe votar en la junta? Cada una de las tres grandes teorías de la ciudadanía daría una respuesta distinta.

La primera es la liberal, la de Locke, Kant o Rawls. Para ella, ciudadano es quien tiene derechos. La ciudadanía es un estatus jurídico que protege la libertad del individuo frente al Estado y frente a los demás, y descansa sobre la idea de que la persona es anterior a la comunidad política; el pacto social existe para servir a los individuos. El sociólogo británico T. H. Marshall describió en 1950 cómo esos derechos se fueron ampliando por etapas: los civiles en el siglo XVIII, los políticos en el XIX y los sociales, con el Estado del bienestar, en el XX. En nuestra comunidad de vecinos, el liberal diría que vota quien es propietario de un piso. Punto. Puede no pisar nunca una junta ni saber cómo se llama el del tercero, porque participar es un derecho del que uno puede prescindir. Se le ha reprochado, con razón, que produce ciudadanos pasivos, meros consumidores de derechos.

La segunda es la republicana, que va de Aristóteles a Rousseau, pasando por Cicerón y Maquiavelo, y que hoy defienden autores como Philip Pettit o Quentin Skinner. Aquí, ciudadano es quien participa en el autogobierno de la comunidad. La libertad sólo se conserva si los ciudadanos se implican. Pettit la define como «no dominación», es decir, no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro. Para el republicano, el buen vecino es el que va a la junta y se entera de por qué la derrama de este año es el doble que la del anterior. Ser ciudadano, desde esta óptica, obliga. Tiene su lado elitista, porque requiere tiempo y formación que no todo el mundo tiene, y en su versión clásica dejaba fuera a mujeres, esclavos y extranjeros.

La tercera es la comunitarista, la de Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor o Michael Walzer. Ciudadano es quien pertenece a una comunidad con una historia y unos valores compartidos. Sandel criticó el «yo desvinculado» del liberalismo, ese individuo abstracto que parece surgido de la nada. Las personas nos hacemos a través de nuestros lazos con la familia y con la nación, y la ciudadanía es la expresión política de esa pertenencia. Los derechos importan, pero nacen de la comunidad y van unidos a responsabilidades hacia ella. En el edificio, la comunitarista sería la vecina del cuarto que lleva cuarenta años allí y sabe por qué se acordó cerrar el portal a las diez. Walzer va más lejos y sostiene que cada comunidad tiene legitimidad para decidir quién entra en ella. La crítica habitual –sobre todo por parte de la izquierda– es que esta visión puede excluir a las minorías y casa mal con el pluralismo.

Sangre, suelo y residencia

Estas teorías tienen su traducción jurídica en los criterios con que cada Estado decide quién es nacional. El ius soli (derecho del suelo) hace nacional a quien nace en el territorio y es el que rige en casi toda América; encaja con la idea de nación cívica que formuló Ernest Renan en 1882, la nación como un «plebiscito cotidiano». El ius sanguinis (derecho de la sangre) la transmite por filiación. Es el más antiguo, viene de Atenas y Roma, y en su versión moderna se nutrió del romanticismo alemán de Herder y Fichte, para quienes la nación precede al Estado y se define por la lengua y la cultura heredadas. Por último, está la naturalización por residencia, que premia a quien lleva años viviendo y trabajando en un país.

España combina los tres, con predominio de la sangre. Es español el hijo de padre o madre españoles. La paradoja más interesante es que la ley de nietos lleva el ius sanguinis más lejos que nunca, y lo hace de la mano de una izquierda que suele preferir la integración por residencia y reclama el voto de los inmigrantes en las municipales. Cuando se trata de los nietos de Buenos Aires o La Habana, basta con la partida de nacimiento del abuelo.

Representación sin tributación

Los colonos norteamericanos se rebelaron contra la Corona británica al grito de «No taxation without representation» (ningún impuesto sin representación). La ley de nietos ha conseguido lo contrario, representación sin tributación. Un nieto de Buenos Aires que nunca ha pisado España podrá decidir quién gobierna un país cuyos impuestos no paga y cuyos hospitales no usa. En nuestra comunidad de vecinos, sería el heredero de un piso cerrado que vota la derrama que pagarán los demás.

El problema en España no se limita a la ley de nietos. En 2025 adquirieron la nacionalidad española 299.732 extranjeros residentes, la cifra más alta en más de una década; tras Marruecos, los países de origen más frecuentes fueron Colombia y Venezuela. A un hispanoamericano le bastan dos años de residencia legal, frente a los diez del régimen general. Se defiende la regla porque compartimos lengua e historia. Es cierto. Pero hablar español no equivale a conocer España ni a tener un interés profundo en su devenir. Entender por qué catalanes y vascos tienen con el resto la relación que tienen, cómo se viven aquí la religión y la familia o qué se espera de uno en la calle o en el metro lleva tiempo, y dos años se quedan más que cortos. A una parte de quienes llegan, además, el camino se les abre por la puerta de atrás. Entran en Barajas como turistas, se quedan, se regularizan después y empiezan a contar los dos años. ¿Es eso lo que queremos premiar?

Los españoles solo tenemos España

Como decía al principio, la ley de nietos se ha discutido en términos de memoria o de cálculo electoral, como si fuera una de esas polémicas que se olvidan en una semana. Ninguna de las tres grandes teorías avala lo que se ha hecho. El liberal pediría, al menos, respeto a la ley que concede la nacionalidad. El republicano exigiría además participación real en la vida del país, y el comunitarista, pertenencia a una historia compartida. El nieto que nunca ha venido no cumple ninguna de esas condiciones, y el inmigrante que llegó hace dos años, sólo a medias (siendo generosos). Sin contar con que quien conserva su nacionalidad de origen siempre tiene otro sitio al que volver si aquí las cosas se tuercen, y eso hace que se juegue mucho menos en cada elección.

Queda otra razón, quizá la de más peso. Casi todas las decisiones políticas tienen arreglo. Una mala ley fiscal se deroga en la siguiente legislatura y un plan de estudios desastroso se corrige con otro, pero con la nacionalidad no hay vuelta atrás. El Código Civil la consolida tras diez años de uso de buena fe, aunque después se anule el título que la otorgó. Y se transmite a los hijos, y a los hijos de los hijos. Decidir quién es ciudadano equivale a escoger a quienes votarán todo lo demás, incluido quién será español mañana. Ninguna otra medida cambia al sujeto mismo que vota.

Por eso es tan grave que un Gobierno altere el censo a golpe de instrucción administrativa. Está redefiniendo, sin pasar por las Cortes, quién forma el pueblo que se gobierna a sí mismo. Quienes vivimos aquí no tenemos otra red. Nos jugamos en cada elección el sueldo, el colegio de los hijos y el país en que vamos a envejecer. Los españoles sólo tenemos España, y de cómo administremos su ciudadanía depende que siga siendo nuestra.