La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Más tensión en el Gobierno
Yolanda Díaz propone lo que Calviño se niega a hacer: controlar los precios de los alimentos
Sugiere topar los precios de veinte o treinta productos básicos. Los alimentos se controlaron en tiempos de Franco y también lo está haciendo ahora Viktor Orban en Hungría
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto topar el precio de una cesta de la compra compuesta por veinte productos básicos entre los que se incluirían la leche, el pan, los huevos o la fruta. Pretende de este modo aligerar la carga que supone para las familias la subida de los precios de estos productos básicos. En declaraciones ayer a eldiario.es consideraba «una barbaridad» que los ciudadanos paguen a 1,48 euros las naranjas cuando a los productores se les abonan 15 céntimos por cada una de ellas, o que «el ajo llegue a los supermercados con un incremento de casi el 800 %». Por este motivo buscará un acuerdo con la distribución para controlar los precios de estos alimentos.
El anuncio de Díaz choca con lo que piensan en el Ministerio de Asuntos Económicos dirigido por Nadia Calviño. La posible existencia de un informe sobre el control del precio de los alimentos circulaba desde hace unos meses, pero, como puede leerse en el artículo que hay bajo estas líneas, en el Ministerio de Asuntos Económicos negaban a mitad de agosto que pudiera producirse tal medida. En la principal asociación de empresas de distribución (Anged) también negaban que se hubiera hablado sobre esta posibilidad.
Paradójicamente, controlar los precios de los alimentos significaría volver a una estrategia que se aplicó en tiempos de Franco, pero el catedrático de Economía Mikel Buesa explica que «el control de precios no ha funcionado nunca». Con el pretexto de que los especuladores aprovechaban su poder para fijar precios altos para la población (el mismo argumento que utiliza Yolanda Díaz), se controlaban y se aplicaban sanciones a quien incumpliera los límites. Con el paso de los años, la experiencia demostraba que el control de precios servía para que los productores más eficientes ganaran cuota de mercado y para que se desarrollara el mercado negro. Quienes no podían vender a esos precios limitados se salían del mercado oficial. En una situación de restricción de oferta (aceite, cereales, pollo), el principal efecto del control de precios era la retirada del mercado legal de parte del producto para venderla en el mercado negro. En este caso las principales perjudicadas son las personas con menor nivel de renta. El control de precios se mantuvo durante muchos años en España, y hoy sigue en pocos ámbitos: básicamente en los taxis, la ITV y los medicamentos genéricos.
Aplicable en situaciones excepcionales
Buesa estima que «el control de alimentos solo podría estar justificado en el caso de una situación muy excepcional». ¿Lo es la actual? El precio del aceite ha subido casi un 30 % respecto al año pasado y un 24 % en lo que va de año, según el INE; los huevos y la leche lo han hecho en más de un 22 % respecto al año pasado, los cereales en más de un 20 %, el pan en casi un 15 %, la carne de vacuno en más de un 14 %... La inflación ha subido el 10,8 % en España y las familias sufren el aumento de precio de los productos más básicos. Controlar los precios no parece la solución, aunque en otros lugares se planteó hacerlo.
A principios de año se hablaba sobre ello en Estados Unidos. Con la inflación en el 7 %, la máxima en cuatro décadas, a algunos les parecía apropiado pensarlo. La mayoría de economistas y políticos lo rechazaba. Nixon había implantado el control de precios en los años 70 y en su primera versión se desaceleró temporalmente la inflación, pero en las siguientes ocasiones no lo logró.
En otros países se han puesto en marcha medidas en este sentido. En Hungría Viktor Orbán decretó precios máximos a partir del 1 de febrero y durante tres meses para la harina, el azúcar, el aceite de girasol, la leche, el jamón de cerdo, la leche ultrapasteurizada y la pechuga de pollo. En Argentina, a final del año 2021, la inflación superaba el 50 % y el Gobierno congeló el coste de más de 1.000 artículos para el hogar.
Si se pensara aplicar en España, habría que tener en cuenta que la regulación de precios en principio es inconstitucional; iría contra la libertad de mercado y la Unión Europea podría ponerse en contra.
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