Varias personas intentar evitar el desalojo por parte la policía de una nave industrial okupada en Badalona.
¿Cuánto cuesta desalojar a los okupas de una vivienda?
Muchos propietarios se ven obligados a contratar empresas privadas ante la maraña burocrática que supone echar a los okupas por la vía legal
PP, Ciudadanos y Vox acusaron al Gobierno de amparar la ocupación ilegal de pisos a través de la nueva ley de vivienda que entrará en vigor este año. El texto no incluye ninguna iniciativa para luchar contra esta lacra y aumenta la protección contra desahucios a colectivos en situación de vulnerabilidad, y la legislación actual tampoco ofrece muchas garantías, lo que deja a muchos propietarios en situación de vulnerabilidad.
La denominada ley mordaza establece en su artículo 37.7 que la ocupación de cualquier vivienda «en contra de la voluntad de su propietario», supone una infracción leve siempre y cuando no sean constitutivas de infracción penal. En el Código Penal, por su parte, el artículo 245.2 señala que aquellos que ocupen sin autorización un inmueble y se mantengan en ellos en contra de la voluntad del titular, serán castigados con penas de multa de tres a seis meses.
En cualquier caso, ya sea constitutivo de delito o de sanción administrativa, lo cierto es que muchos propietarios se ven envueltos en una maraña de burocracia y plazos interminables mientras tienen que seguir pagando los gastos de suministro. Ante esta situación de indefensión, muchos recurren a profesionales especializados en desocupaciones.
Quizá la más famosa sea Desokupa, fundada por Daniel Esteve, un exboxeador que tiene a Ada Colau en vilo después de que organizara una manifestación contra la ocupación ilegal en Bonanova, un barrio de Barcelona donde los okupas campan a sus anchas ante la pasividad de los Mossos y han protagonizado varios episodios de violencia.
Esta empresa es especialista en recuperar inmuebles «mediante la mediación» con okupas y cuenta con departamento jurídico propio. Desde 2016, han llevado con éxito más de 7.500 desokupaciones en todo el territorio nacional. Dependiendo del caso, el precio puede variar, pero no bajará de los 3.000 euros e incluyen el procedimiento civil con abogado y procurador, aunque en algunas circunstancias muy especiales lo han llevado a cabo sin cobrar.
Muchos okupas acceden a abandonar la vivienda a cambio de una cantidad
Con un porcentaje de éxito del 93 %, según el propio Esteve, esta empresa ha estado en el centro de la polémica por sus métodos, aunque de momento ninguna de las denuncias interpuestas contra él ha prosperado.
En Desokupa Rápido, garantizan el desalojo en 24 horas desde 1.800 euros y el propietario solo pagará si se efectúa el desalojo. Además, todos los procedimientos están amparados legalmente por sus abogados.
Otras empresas ofrecen sus servicios desde los 500 hasta 8.000 euros, pero advierten que los gastos pueden aumentar ya que muchos de estos okupas aprovechan la desesperación de los propietarios para negociar su salida a cambio de una cantidad, por lo general por encima de los 500 euros, que tendrá que ser abonada por el dueño de la vivienda.
Proceso de desocupación
Estas empresas requieren ser contratadas de acuerdo a la ley 5/2014 de 4 de abril por el propietario de la vivienda, que tendrá que acreditar su condición aportando toda la documentación que tenga sobre el inmueble, la hoja de inscripción registral de la propiedad del inmueble y el documento de identidad.
Tras realizar las comprobaciones, miembros de la empresa acuden a la vivienda ocupada para intentar mediar con los okupas y acordar su salida de la vivienda. Lo habitual es que en este momento intentan ofrecer una cantidad de dinero para que abandonen la vivienda.
En caso de que se nieguen, establecen un «control de acceso» mediante el cual los trabajadores se apostan 24 horas en la puerta de acceso de la vivienda impidiendo la entrada y advirtiendo que, en caso de que abandonen el inmueble, no podrán entrar.
«Asedio romano»
Según explican en Desokupación Legal, entre estos sistemas de control de acceso destacan los electrónicos y los que implican la participación de una persona. «Los primeros tienen la ventaja de que son baratos y eficaces. No obstante, hay que tener en cuenta que es dudosa la legalidad de la actuación ya que, en el fondo, es como si estuvieras cambiando la cerradura de la puerta», señalan.
«El segundo método, sin embargo, es perfectamente legal y muy eficaz. Esta eficacia se encuentra condicionada, eso sí, a la racionalidad de los okupas ya que unos pueden ser más abiertos a negociar que otros. No obstante, la negación solo durará una semana ya que al quedarse sin comida necesariamente deberán salir a comprar. Por ello, este método inspirado en el asedio romano resulta ser tan efectivo».
Una vez la vivienda quede vacía, el personal de la empresa entrará y el propietario podrá recuperar la vivienda. Este método tiene que ser llevado a cabo por personal de seguridad privada que estén habilitados según la ley y no es tan legal ni eficaz ya que algunas sentencias han declarado culpables a estas empresas de desalojo de coacciones.
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