Hacienda avala desde 2022 la «cláusula Quirón» a la que alude Sánchez para atacar a Ayuso

Uno de los momentos más aplaudidos de la intervención de Pedro Sánchez en el pleno extraordinario sobre corrupción fue su denuncia de la llamada «cláusula Quirón», como bautizó a un pasaje de la ponencia política aprobada por el PP este fin de semana. En él, propone incorporar al sistema tributario el «derecho al error» con el fin de paliar la indefensión de los contribuyentes ante errores involuntarios. Pero se trata en realidad de una medida que Hacienda ya reconoce y que los técnicos piden introducir definitivamente en la legislación.

«Ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco», aseguró Sánchez desde la tribuna, provocando una ovación en la bancada socialista. Lo que no dijo es que esa misma figura ha sido defendida por órganos técnicos del propio Gobierno, como el Consejo para la Defensa del Contribuyente, y que la Agencia Tributaria ha empezado a aplicar este año mecanismos que reconocen ese derecho de forma parcial.

La propuesta del PP figura en la página 34 de su ponencia política bajo el epígrafe «Gastar bien y aliviar la carga fiscal» y plantea «incorporar el 'derecho al error' en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales». Se trata de un modelo inspirado en sistemas como el francés, que contemplan la posibilidad de corregir errores sin penalización si se actúa de buena fe y no existe fraude.

La idea no es nueva. El propio Comité de Expertos designado por el Ministerio de Hacienda la incluyó en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, presentado en 2022, donde se recomendaba «aligerar las sanciones en supuestos de fallos o incumplimientos menores» y se alertaba de la necesidad de evitar que la relación con el fisco se perciba como persecutoria por parte de los contribuyentes cumplidores.

Ese mismo año, el Consejo para la Defensa del Contribuyente –órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda– propuso formalmente incorporar este principio al derecho español, inspirándose en la ley francesa de 2018 que permite regularizar errores sin sanción cuando no hay dolo ni reincidencia. En palabras de este organismo, se trataba de «mejorar las posibilidades de rectificación de errores por parte de los sujetos pasivos sin sufrir la imposición de sanciones» y fomentar una cultura fiscal basada en la confianza.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha introducido este derecho en la Ley General Tributaria, pero sí ha dado pasos para reconocerlo. En la última campaña de la Renta, la Agencia Tributaria estrenó un sistema de alertas preventivas que permite corregir posibles fallos antes de presentar la declaración, una medida presentada por la propia directora del organismo como parte del avance hacia el reconocimiento del derecho al error.

Además, el artículo 27 de la LGT, reformado por la Ley 11/2021, ya permite presentar declaraciones fuera de plazo con recargos reducidos y sin sanción, siempre que no haya requerimiento previo y se regularice voluntariamente.