Horizonte 2035–2045: más empleo sénior y ahorro complementario para sostener las jubilaciones sin recortes encubiertos

Mientras que al ciudadano medio le quita el sueño quién recogerá al niño si la última reunión se alarga –un «tiempo extra» con rendimientos decrecientes en productividad, pero caro en organización familiar– o la negociación anual de un alquiler de 30 metros y menos luz, el Estado no puede dormir por la aritmética presupuestaria cuando la factura de las pensiones sigue in crescendo por demografía y revalorización. Las cotizaciones ya no cubren el gasto en pensiones y la duda sobre qué otras políticas quedarán desplazadas para financiarlo es su gran fuente de insomnio.

La AIReF sitúa el gasto en pensiones en el entorno del 16,1 % del PIB en 2050

Y es que las cifras no dan esperanzas a conciliar el sueño sin acudir a la química. La AIReF sitúa el gasto en pensiones en el entorno del 16,1 % del PIB en 2050 y, paralelamente, algunos expertos vaticinan que absorberá prácticamente la mitad de la recaudación fiscal. Esto es un euro de cada dos impuestos: una ratio que, antes o después, nos mantendrá deambulando a todos.

El sistema hoy opera al límite porque fue diseñado para una pirámide poblacional distinta en la que tener hijos y suficiente poder adquisitivo para comprase una casa no era una utopía, sino tónica habitual. Hay más pensionistas, menos cotizantes y, además, una base laboral más precaria y con salarios bajos, lo que reduce fuertemente los ingresos estructurales. La manera de sobrevivir a este nuevo orden social es buscar palancas realistas –laborales y de ahorro– para que el ajuste no se haga solo a golpes fiscales o de recortes silenciosos en partidas como la sanidad o la educación.

«El porvenir de las pensiones dependerá de la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas», explica Juan Fernández, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE. La viabilidad de nuestro Estado de Bienestar depende de «ajustes orientados a aumentar la participación laboral (especialmente la de los trabajadores mayores), hacer más flexible el acceso a la jubilación, retrasar voluntariamente la edad para poner fin efectivo a la vida laboral y adaptar la cuantía de las pensiones en función de la esperanza de vida».

Esto debería ampliar el debate político que, actualmente, solo se centra en el año en el que uno ha de retirarse a la contemplación. La conversación en torno a las pensiones también es un diálogo sobre rendimiento y desempeño económico, solidez laboral y salarios reales, no solo sobre la edad y el IPC. «El sistema depende más de la productividad y la estabilidad del empleo que del número absoluto de jubilados», afirma Sandra Rams, consultora estratégica en la firma de asesoramiento financiero Rhombus.

El sistema depende más de la productividad y la estabilidad del empleo que del número absoluto de jubilados

Las soluciones milagro no existen (por mucho que el marketing de muchas compañías especializadas en nutrición se empeñe en difundir lo contrario). No obstante, sí existe una salida que nos acercaría a un escenario aceptable: elevar el empleo sénior y mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo (bajo incentivos y reglas claras), pero sin convertirlo en una prolongación forzosa ni en una vía para precarizar el final de carrera. La receta que hace ese camino transitable no es abstracta. El director del centro de investigación aboga por no excluir a los trabajadores mayores de la formación y la actualización tecnológica «porque les queda menos», por reubicar a quienes lo necesiten en puestos más acordes a sus condiciones —especialmente en actividades donde pesa el desgaste físico— y por facilitar jornadas parciales que permitan un tránsito gradual a la última etapa de la vida.

Fernández habla de aprovechar mejor a quienes ya quieren (y pueden) seguir en la rueda de la actividad. Es decir, garantizar las pensiones sumando cotizantes y no contribuciones al sistema que serían contraproducentes en tanto en cuanto «un aumento de las cotizaciones sociales a los empleados corre el riesgo de transformarse en unas menores tasas de empleo», resalta el director.

Los expertos sitúan la ventana más delicada entre 2035 y 2045, cuando la generación del baby boom dé por terminada su etapa en el mercado, pero todavía no se haya consolidado una masa crítica de población activa con sueldos altos y estables. Así, España se proyecta como el país con mayor gasto en pensiones en relación con su economía. Ante este escenario, el mensaje no es apocalíptico, pero sí incómodo: más que un colapso, lo que se anticipa es una erosión progresiva en poder adquisitivo, en la que «confiar únicamente en el sistema público es asumir un riesgo personal innecesario», afirma la profesional de Rhombus.

A largo plazo, Rams plantea un modelo de equilibrio, donde el 60 % y 70 % de ingresos proceda de la pensión pública y el 30 % y 40 % del ahorro complementario. Lejos de privatizar toda la arquitectura, se trata de impulsar un segundo pilar: «Nuestro país no está apostando por esa distribución, mientras que países con sistemas más robustos llevan años trabajando ese pilar alternativo». La consultora destaca que no ofrecer un plan de ahorro empieza a convertirse incluso en una desventaja competitiva a la hora de captar talento en sectores cualificados y en entornos internacionales.