Un autónomo atiende su trabajo
Toque de atención de Bruselas a España por no transponer la directiva del IVA para pymes
Los Estados están obligados a transponer las disposiciones que permitan a las empresas acogerse al régimen cuando operen y vendan en otros países de la UE
La Comisión Europea ha advertido a España de que es el único país de la UE que aún no ha transpuesto y notificado plenamente la directiva comunitaria sobre el régimen del IVA para pequeñas y medianas empresas, y ha confirmado que mantiene abierto un procedimiento de infracción que podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE si persiste el incumplimiento.
Así lo ha trasladado una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el marco de un debate sobre una reclamación presentada por un ciudadano español que denuncia una presunta vulneración de esta normativa comunitaria.
La directiva, aprobada en 2020 y en vigor desde 2025, introduce un régimen de exención del IVA para pequeñas empresas bajo determinadas condiciones, con el objetivo de facilitar la actividad de las pymes y reducir cargas administrativas en el mercado interior.
Según ha explicado la Comisión, los Estados miembro pueden decidir si aplican esta exención dentro de su mercado nacional, pero están obligados a transponer las disposiciones que permitan a las empresas acogerse al régimen cuando operen y vendan en otros países de la UE.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha criticado que España afirme que «no tiene intención» de aplicar la extensión interna del régimen para pymes, pero ha reconocido también que no ha adoptado las disposiciones necesarias para permitir que las empresas españolas puedan acogerse a la exención al vender en otros Estados miembro, algo que sí es obligatorio.
Bruselas ha detallado que en 2025 envió una carta de notificación formal e inició el procedimiento de infracción, y que posteriormente remitió un dictamen motivado por escrito en julio, al constatar que España seguía sin transponer esta parte esencial de la directiva.
Según la Comisión, las autoridades españolas respondieron reconociendo que no habían aprobado esas disposiciones y se comprometieron a hacerlo a finales de 2025, aunque «hoy por hoy» no consta que se haya notificado el cumplimiento.
«Hay dos opciones posibles: cerrar el procedimiento de infracción o pasarlo al Tribunal de Justicia», ha señalado la representante comunitaria, precisando que la decisión corresponde al Colegio de Comisarios.
