Los informes contra las nucleares de los estrategas de Moncloa admiten que extender Almaraz reduciría el precio de la luz

La prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz será una de las grandes batallas energéticas de 2026. A la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que estudiará la modificación de la autorización de explotación de la planta extremeña, dos informes elaborados por expertos cercanos al Gobierno y conocidos en las últimas semanas vienen a reconocer que prolongar su vida operativa hasta 2030 como quieren las compañías propietarias ayudaría a aliviar en los próximos años la factura energética.

Ambos informes defienden la necesidad de no prorrogar la vida de la central porque, de salir adelante, supondría una penalización para desarrollar nuevas instalaciones renovables, una tecnología barata. Sin embargo, sus estimaciones recogen que los precios energéticos serían más reducidos en 2028, 2029 y 2030 con Almaraz operativa si también se mantiene la inversión prevista en tecnologías renovables.

La clave está en que la central, que con sus dos reactores es actualmente la principal planta energética española, permite depender menos del gas, un combustible fósil importado mayoritariamente de Rusia, Estados Unidos y Argelia. Las emisiones de CO2 también serían inferiores con la instalación extremeña operativa.

Así lo recoge Natalia Fabra, en el recién publicado estudio El precio y los efectos en las emisiones de extender la vida operativa de las nucleares. Hechos desde España. Fabra, consejera de Redeia y ex consejera de Enagás, es considerada muy cercana a la ideóloga energética del Gobierno, Teresa Ribera.

En su informe, admite que los precios energéticos de retrasar el cierre de Almaraz de 2027 -fecha de clausura del reactor 2- a 2030 reduciría un 8,44 % los precios en 2028, un 14,52 % en 2029 y un 12,65 % en 2030 si se mantienen el 100 % de las inversiones previstas en el Plan Nacional de Energía y Clima. Las emisiones, por su parte, se reducirían entre un 14 y un 23 % debido a que la nuclear desplazaría la generación de gas.

Pero la tesis central de Fabra es que las inversiones en renovables sí se recortarían, lo que a la larga sí encarecería la factura, porque se enviaría una señala negativa a los inversores en parques eólicos y fotovoltaicos, y también en tecnologías de almacenamiento. Si cayeran un 25 % respecto a lo previsto los precios escalarían en esos años un 7,10; un 2,88 % y un 10,29 %, respectivamente.

Otro informe, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Politécnica de Cataluña, encargado por Greenpeace, también admite que mantener operativa Almaraz hasta 2030 supondría un alivio «transitorio» en la factura eléctrica entre 2028 y 2030, si bien los precios repuntarían a partir de 2031. El informe ha sido coordinado por Eloy Sanz, quien fuera subdirector general de Políticas Medioambientales del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el sector energético hay quién se muestra sorprendido de que los dos trabajos, aún reconociendo que Almaraz alivia la factura eléctrica, lleguen a la conclusión de que conviene cerrar la planta cuanto antes en lugar de extender su vida operativa.

Y es que tanto Fabra como Sanz afirman que, con Almaraz 'enchufada' a la red, las renovables capturarán precios más bajos y sufrirían vertidos, lo que desincentivaría nuevas inversiones. La solar reduciría sus precios capturados entre un 12 y un 23 %; y la eólica entre un 5 y un 13 %. Cuantifican la pérdida de inversiones en hasta 26.130 millones.

Pero otras fuentes niegan este extremo. «Esta lectura pasa por alto un principio económico elemental: si la expectativa es que los precios futuros subirán, como ambos estudios señalan para 2031 y años siguientes, el incentivo para invertir en tecnologías baratas como las renovables no disminuye, sino que aumentan», explican.

«Decir a la vez que 'los precios subirán' y que 'no se invertirá en lo más barato' requiere suponer un mercado estático, sin regulación adaptativa y sin respuesta racional de los inversores», añaden.

Las mismas fuentes ven además excesiva la estimación que hacen los dos informes sobre el impacto en las renovables. «En el mundo real, el despliegue renovable no depende únicamente del precio spot de dos o tres años», apuntan. Ello se debe a la existencia de herramientas como los contratos por diferencia, los pagos por capacidad, los mecanismos de almacenamiento y planificación de red. Todo ello puede sostener la inversión incluso cuando los precios capturados bajan de forma temporal.

Otro punto crítico de ambos estudios es que se apoyan en el «efecto escalón» que supondría atrasar la clausura de Almaraz, porque coincidiría además su cierre con el de otros reactores, los de Ascó I y Cofrentes en 2030, y el de Ascó II a finales de 2031. La consecuencia de que a estos cierres se le sumara Almaraz con dos o tres años de retraso implicaría un repunte de los precios del 11 % en 2031 y de las emisiones del 24 %, según el informe de Natalia Fabra.

«Pero entonces el riesgo no está en extender la vida de la central, sino en cerrarla sin suavizar la curva, coincidiendo con otros cierres, o sin haber desplegado la red y la flexibilidad necesaria», precisan otras fuentes, que culpan también de los actuales vertidos de energías renovables no a Almaraz sino a la congestión de la red eléctrica. «La solución es más demanda, más red y más flexibilidad, no apagar artificialmente capacidad firme para liberar hueco».