Los transportistas también impugnan la empresa de autobuses de Renfe y Direbús la denunciará en Bruselas

Más gasolina sobre el incendio generado por Renfe y su intención de crear una empresa de autobuses para hacer frente a los constantes cortes en el servicio ferroviario. Fenadismer, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas del transporte por carretera, ha anunciado este domingo que impugnará la licitación, sumándose así a la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra).

Renfe anunció hace unos días su intención de crear, junto a alguna empresa del sector del transporte por carretera pendiente de adjudicar, un proyecto para garantizar las alternativas por carretera al pasaje en caso de cortes o incidencias en la red ferroviaria, bajo el argumento de que será difícil disponer de suficientes autobuses ante los cortes por obras previstos para los próximos años.

Según la empresa dependiente del ministerio de Óscar Puente es que esta opción le permitirá ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año. Sin embargo, como reveló El Debate, los pliegos del concurso revelan que el contrato alcanzará un valor cercano a los 1.000 millones de euros frente a los 61 anunciados.

Pero Renfe exige que la empresa adjudicataria de la licitación posea más de 500 autobuses –300 en el caso de acudir en UTE– y tenga una cifra de negocio de más de 75 millones, lo que según Fenadismer «excluye al 99 % del sector».

Estos requisitos, afirman los transportistas, «son una barrera insalvable al que solo puede acceder un grupo selecto de apenas una decena de grandes empresas».

A entender de Fenadismer, las exigencias de Renfe «suponen una limitación de la libre concurrencia y de la participación no sólo de las pymes sino de prácticamente todo el sector del transporte de viajeros por carretera en autobús».

Direbús elevará la licitación a la Comisión Europea

Fenadismer y Anetra no son las únicas entidades que se ha mostrado en contra: el pasado 6 de marzo, la asociación Direbús, que agrupa a más de 700 pequeñas y medianas empresas de transporte de viajeros por carretera en España, anunció asimismo que impugnaría la licitación al considerar que esta favorece solo a las grandes empresas del ramo.

«Este planteamiento reduce la concurrencia y favorece la concentración del mercado en un número muy limitado de grandes grupos, pese a que el transporte discrecional y de servicios especiales en España se caracteriza por su amplia capilaridad territorial», argumentaba.

La organización está además estudiando acudir a las autoridades de competencia de la Unión Europea. La asociación recuerda que las normas de competencia de la UE están diseñadas para garantizar condiciones leales y equitativas entre empresas y, al mismo tiempo, fomentar la innovación y el desarrollo de las pequeñas y medianas compañías.