Paneles solares y aerogeneradores
EE.UU. desmonta el 'escudo europeo' de España y permite perseguir sus activos por las renovables
La Justicia estadounidense rechaza que la UE impida ejecutar una sentencia de 156,6 millones de dólares y da vía libre a los acreedores para buscar bienes embargables
España se ha amparado en la directiva comunitaria para negarse sistemáticamente a abonar los laudos por el recorte de las primas a las renovables. Sin embargo, un tribunal estadounidense acaba de dar un varapalo a nuestro país y ha autorizado a los acreedores del caso Antin a buscar y ejecutar activos españoles para cobrar una sentencia de más de 156,6 millones de dólares, más intereses.
La resolución, firmada el 10 de agosto por la jueza Loren L. AliKhan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, rechaza la petición española de suspender la ejecución y permite además a los inversores registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país.
La decisión afecta a uno de los numerosos litigios derivados de los cambios introducidos por España en el régimen de incentivos a las energías renovables. Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar obtuvieron en 2018 un laudo favorable del CIADI después de reclamar por las modificaciones regulatorias que afectaron a sus inversiones solares.
Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para intentar detener la ejecución procedía de la propia Comisión Europea. Bruselas determinó en marzo de 2025 que el pago del laudo constituiría una ayuda de Estado incompatible con el Derecho comunitario. España sostuvo ante la Justicia estadounidense que abonar la indemnización, o incluso constituir una garantía para suspender su ejecución, podría infringir la normativa europea y exponer al país a posibles medidas de la Comisión.
La jueza considera que España no ha demostrado que constituir una garantía vaya a desencadenar realmente un procedimiento sancionador de Bruselas y señala que tampoco ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a la Comisión para pagar o garantizar la sentencia.
Pero la resolución va un paso más allá. El hecho de que España sostenga que existe un impedimento jurídico para pagar voluntariamente constituye, según el tribunal, una razón adicional para permitir a los acreedores avanzar en la ejecución. En otras palabras, el argumento europeo utilizado como escudo frente al pago termina reforzando la posición de los inversores que pretenden cobrar mediante activos españoles en Estados Unidos.
Luz verde para buscar activos
El tribunal ha autorizado las actuaciones necesarias para avanzar contra bienes de España que puedan resultar legalmente susceptibles de ejecución en Estados Unidos. La resolución destaca que han transcurrido más de diez meses desde que se dictó la sentencia estadounidense que reconoció el laudo sin que España haya abonado la cantidad correspondiente.
Los acreedores podrán además registrar la sentencia fuera del Distrito de Columbia, lo que amplía la búsqueda de patrimonio. Eso sí, la autorización no implica que cualquier propiedad española pueda ser incautada. Los bienes soberanos están sometidos a las restricciones y excepciones previstas por la legislación estadounidense sobre inmunidad de los Estados extranjeros, por lo que los acreedores tendrán que identificar activos concretos que legalmente puedan ser objeto de ejecución.
Nueva York, en el punto de mira
La búsqueda de patrimonio español ya ha llegado a algunas de las principales infraestructuras del sistema financiero estadounidense. Los demandantes han remitido requerimientos de información a The Clearing House Payments Company y al Banco de la Reserva Federal de Nueva York para tratar de obtener datos que permitan localizar patrimonio español.
España intentó anular esos requerimientos, pero la jueza ha rechazado también esta petición al considerar que corresponde al Distrito Sur de Nueva York resolver las posibles impugnaciones, al ser el lugar donde deben cumplirse las citaciones.