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El plan de los bancos centrales para frenar la amenaza del criptodólar

El Banco de Pagos Internacionales advierte de que las monedas digitales privadas ligadas al dólar amenazan con restar poder a los Estados

Durante años, las criptomonedas parecían un fenómeno reservado a los inversores más arriesgados. Sin embargo, el verdadero desafío para los bancos centrales ya no es el bitcoin, sino las llamadas stablecoins: monedas digitales emitidas por empresas privadas que aspiran a utilizarse como medio de pago cotidiano.

A diferencia de criptomonedas como el bitcoin, cuyo precio fluctúa constantemente, las stablecoins intentan mantener un valor estable al estar vinculadas a un activo de referencia, normalmente el dólar estadounidense. De hecho, alrededor del 99,4 % de todas las stablecoins en circulación están respaldadas por la divisa estadounidense, lo que ha dado lugar a un fenómeno que algunos economistas ya denominan el «criptodólar».

Para el Banco de Pagos Internacionales (BPI), esta transformación va mucho más allá de una simple innovación tecnológica. En su último informe anual, la institución advierte de que el crecimiento de estas monedas digitales privadas plantea riesgos para la estabilidad financiera y, sobre todo, para la capacidad de los Estados de seguir controlando sus propios sistemas monetarios.

Las stablecoins prometen combinar la rapidez de las criptomonedas con la estabilidad del dinero tradicional. Sin embargo, el BPI sostiene que, en la práctica, funcionan de manera muy diferente al dinero emitido por un banco central. Mientras un depósito bancario cuenta con mecanismos de supervisión, respaldo institucional y acceso a la liquidez de emergencia de un banco central, una stablecoin depende de que la empresa emisora conserve en todo momento el valor de los activos que la respaldan.

Eso significa que, en un episodio de pánico financiero, los usuarios podrían intentar recuperar simultáneamente su dinero, obligando a liquidar esos activos en condiciones muy desfavorables. Según el BPI, ese riesgo hace que las stablecoins se parezcan más a un fondo de inversión que al dinero tradicional. Además, el actual ecosistema continúa muy fragmentado entre distintas redes y plataformas que apenas se comunican entre sí, lo que dificulta su utilización como un sistema de pagos verdaderamente universal.

El riesgo del «criptodólar»

El riesgo del «criptodólar»

La mayor preocupación del BPI no es únicamente la estabilidad financiera, también teme que estas monedas digitales privadas terminen sustituyendo progresivamente al dinero nacional en numerosos países. Como la inmensa mayoría de las stablecoins están vinculadas al dólar, ciudadanos y empresas podrían empezar a utilizarlas para ahorrar, cobrar o realizar pagos cotidianos, especialmente en economías con monedas menos estables. Ese proceso supondría una nueva forma de dolarización, pero esta vez impulsada por plataformas tecnológicas privadas y accesible desde cualquier teléfono móvil.

Si una parte creciente de la actividad económica pasa a realizarse mediante estos «criptodólares», los bancos centrales perderían parte de su capacidad para aplicar la política monetaria, gestionar crisis financieras o garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

La respuesta de los bancos centrales

Lejos de limitarse a advertir sobre los riesgos, los bancos centrales ya trabajan en una alternativa. El BPI participa junto a ocho bancos centrales y más de cuarenta entidades financieras internacionales en el denominado Proyecto Agorá, una iniciativa destinada a construir la infraestructura sobre la que podría funcionar el dinero digital del futuro.

Su propuesta gira en torno al llamado unified ledger o «libro mayor unificado», un nombre complicado para una idea relativamente sencilla: crear una plataforma común donde el dinero emitido por los bancos centrales y los depósitos de los bancos comerciales puedan intercambiarse de forma instantánea, segura y bajo un mismo marco regulatorio.

En lugar de depender de múltiples redes privadas que funcionan de manera independiente, el objetivo consiste en integrar los distintos sistemas de pago sobre una única infraestructura capaz de combinar la rapidez de las nuevas tecnologías con las garantías del dinero tradicional.